El fantasma del déficit del gas licuado de petróleo (GLP) que ha rondado por años en todo el territorio nacional, hizo su aparición una vez más para evidenciar que nuestro país no es autosuficiente en la producción de gas propano, una lamentable realidad que amenaza con golpear la economía de millones de familias colombianas.
Recurrir a la compra de gas licuado de petróleo en el exterior, como lo contempla el plan de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), no solo significa un gran retroceso en el propósito del gobierno nacional de lograr la diversificación de la canasta energética del país, sino que también implica un aumento en el costo de un producto que consumen diariamente 13 millones de colombianos, en su mayoría residentes de estratos 1 y 2.
Resulta absurdo, que Colombia siendo un país con recursos naturales suficientes para atender la demanda de GLP, no alcance a suplir los volúmenes que se requieren y tenga que recurrir a la importación de este gas domiciliario, que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable del país. No se entiende por qué el gobierno nacional ha ignorado durante tantos años las amenazas de escasez y no le ha entregado a los colombianos soluciones de fondo para fortalecer la oferta interna, garantizando el abastecimiento total de la demanda en las diferentes regiones.
El Plan Indicativo de Abastecimiento (PIA) establecido por el Gobierno para garantizar el suministro de GLP en el país, propone que además de acudir a las importaciones para atender la demanda, se debe realizar la construcción de una planta de regasificación del Pacífico en Buenaventura; el montaje de un puerto importador en Cartagena y dos infraestructuras de gran almacenamiento. Proyectos que evidentemente debieron ejecutarse desde hace mucho tiempo en el país, para evitar que llegáramos a este escenario de escasez.
Al ser el gas propano un servicio público domiciliario, utilizado por el sector residencial en labores domésticas como la cocción de alimentos, el gobierno tiene la obligación de garantizar su abastecimiento. Sin embargo, como en otras ocasiones, la solución más fácil para el ejecutivo ha sido la de recurrir al bolsillo de los colombianos, una medida facilista y repetitiva que se le ha vuelto costumbre en situaciones de crisis.
Los años de retrasos que tenemos en la implementación de nuevos proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, la dilación en la puesta en marcha del Fracking para la extracción de gas y petróleo del subsuelo, el aplazamiento y la cancelación de proyectos que ya deberían estar en funcionamiento aportando producciones, nos están pasando factura, exponiéndonos a la pérdida de nuestra autosuficiencia energética.
Tampoco, nos ha favorecido que el 85% de la oferta nacional esté en manos de una sola empresa (Ecopetrol), a la que se le ha otorgado una posición dominante, que hoy nos tiene en evidente desventaja y a puertas de la escasez por su decisión de sacar del mercado, el próximo mes de septiembre, la producción de su planta de Cusiana, para darle un uso más rentable al GLP. El Ministerio de Minas y la Creg se han quedado cortos al no ejecutar una revisión de la regulación del mercado de GLP acorde al marco legal nacional con el propósito de evitar una crisis como la que ya se ha advertido.
Si el gobierno tiene la verdadera voluntad de trabajar para que Colombia tenga una matriz energética más limpia y sostenible, es indispensable que se enfoque en mantener la competitividad del país fortaleciendo las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos. Es preocupante el impacto que generaría en la economía de las familias colombianas el costo de importar gas licuado del petróleo y asumir la construcción de estos nuevos proyectos.
Indiscutiblemente, el GLP se han convertido en una fuente energética con un gran potencial para la transición a energías limpias, su utilización es fundamental para lograr el desarrollo sostenido del sector eléctrico, avanzar en la reducción de la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la disminución de enfermedades atribuibles a la contaminación del aire, por ello esperamos que el nuevo escenario del GLP no le quede grande al gobierno y formule nuevas estrategias para afrontarlo, distintas a montar multimillonarios negocios con el dinero de los usuarios.
