La masificación de la movilidad eléctrica ofrece a Colombia un dividendo triple: modernización vial, descarbonización real y nuevos flujos de capital. Pero si esta transición no se ejecuta con el debido rigor técnico y financiero, el proceso podría convertirse en la próxima crisis del sistema eléctrico y del bolsillo de los usuarios.
Con el Proyecto de Resolución 701 153 de 2026, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) busca desatar el nudo ciego de los trámites para conectar estaciones de carga públicas para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La iniciativa, que tiene aspectos positivos, propone también simplificar la conexión de electrolineras, fijar plazos perentorios, digitalizar trámites y visibilizar la capacidad real de las redes, pasos indispensables para destrabar la inversión privada y meterle competencia al mercado. El planteamiento es acertado en la intención, pero deja abiertos varios interrogantes de fondo que no se pueden pasar por alto.
El primer escollo es la capacidad real del sistema: simplificar un trámite en el papel no amplía mágicamente la capacidad de transformadores, circuitos y subestaciones. Una estación de carga rápida exige bloques de potencia sustanciales que no todas las subestaciones ni circuitos pueden absorber hoy. Omitir el diagnóstico de capacidad en zonas con limitaciones estructurales es trasladar el cuello de botella de la oficina del trámite a la operación de la red.
El segundo interrogante es aún más delicado y toca el bolsillo de todos: ¿quién financiará la infraestructura necesaria para estas conexiones? Si montar una electrolinera exige cambiar transformadores, reforzar circuitos o tirar nuevas redes, el reparto de esa factura debe quedar perfectamente blindado. Transferirle a la tarifa general de los usuarios residenciales y comercios los costos de una infraestructura de uso exclusivo privado no solo sería inequitativo, sino que distorsionaría por completo el principio de eficiencia económica.
El tercer aspecto que genera inquietud es la metodología de planeación. La propuesta de la CREG utiliza un corte de 100 kilovatios para simplificar los procesos, pero en la práctica esta métrica resulta insuficiente. Estresar un circuito depende más del momento en que se exige la potencia y del efecto acumulativo de varias estaciones en un mismo nodo que del tamaño nominal del proyecto. Tratar la red con rasero único es ignorar la dinámica real del consumo.
La coyuntura resulta particularmente sensible en el mercado del Caribe colombiano, donde la consolidación de la red de distribución continúa siendo una tarea prioritaria de política pública. Exigirle mayor flexibilidad y carga a una red que todavía lucha por garantizar continuidad es poner la carreta delante de los bueyes. No se puede acelerar la integración de electrolineras sin asegurar al mismo tiempo los recursos para blindar la calidad y la confiabilidad del servicio en la región.
Para no dar palos a ciegas, la CREG tiene la obligación de apretar las tuercas del proyecto de resolución: debe definir con quirúrgica precisión quién financia las obras, implementar una gestión inteligente de la demanda para aplanar las curvas de consumo y amarrar esta norma a los planes reales de expansión de los operadores de red. Sin esa trinidad normativa, la resolución se quedará en un catálogo de buenas intenciones con un alto riesgo operativo. La movilidad eléctrica debe ser una palanca de desarrollo, no la semilla de una nueva crisis tarifaria o financiera.