Los retrasos de la línea de transmisión eléctrica Colectora-Cuestecitas son el fiel retrato de la parálisis estructural que sufre Colombia, que no le ha permitido convertir su potencial energético en resultados concretos. ¡Estamos en un atolladero del que llevamos años sin poder salir!
La línea Colectora, proyecto clave para llevar la energía renovable de La Guajira al Sistema Interconectado Nacional, vuelve a aplazar su entrada en operación. Lo que estaba previsto para agosto de 2026 ahora apunta a abril de 2027, en medio de dificultades relacionadas con la consulta previa, la incorporación de nuevas comunidades a estos procesos y los problemas de seguridad en la zona. Un nuevo retraso que reabre el debate sobre la capacidad de Colombia para construir a tiempo la infraestructura que necesita para aprovechar su potencial energético.
El verdadero problema es que se puso el carretazo de la transición por delante de la infraestructura. Se promovió la entrada masiva de renovables, pero se ignoró un hecho elemental: de nada sirve llenar el norte del país de paneles y aerogeneradores si no tenemos por dónde mover esa energía ni cómo respaldar el sistema cuando el viento no sople o el sol se ponga. Esta brecha no es un accidente; es el resultado directo de una planificación miope y una parálisis institucional grosera, donde las licencias ambientales tardan años, los trámites chocan contra un muro burocrático y la gestión territorial se convirtió en un nudo ciego.
Aquí no hay un falso dilema entre los derechos comunitarios, la seguridad jurídica y el desarrollo energético del país; el verdadero fracaso radica en la incapacidad que ha tenido el Estado para articularlos. Lo que se necesita no son discursos, sino reglas de juego claras, planeación con visión de largo plazo e instituciones que no se pisen las mangueras entre sí. Solo así se pueden proteger los territorios y mitigar los impactos sin condenar a Colombia al apagón o a la parálisis. La dificultad es que el margen de maniobra se agotó: ya vamos tarde.
Sin una red de transmisión moderna y ampliada, la tan anhelada transición energética no pasa de ser una promesa de papel, y la seguridad del sistema queda colgada de un hilo. Con la infraestructura al límite y decenas de proyectos bloqueados en la puerta de entrada, insistir en la improvisación ya no es solo terquedad, es un riesgo nacional. Por eso, este nuevo freno a Colectora exige soluciones de fondo: el Gobierno nacional, las autoridades locales, el Grupo Energía Bogotá y su filial Enlaza están obligados a sentarse a la mesa y trazar, de una vez por todas, una hoja de ruta con fechas reales, compromisos medibles y ejecución sin más excusas.
Colectora es la oportunidad para que este Gobierno demuestre si de verdad tiene vocación de ejecución o si se quedará en el mismo diagnóstico interminable de sus antecesores. Tras años de promesas rotas, trámites asfixiantes e incertidumbre regulatoria, el Ejecutivo tiene en sus manos la obligación, de dar un golpe de timón. No se trata de seguir lamentando la herencia recibida, sino de convertir este fiasco en un punto de inflexión que pruebe que la transición energética no se hace con discursos ni retórica ambiental, sino con decisiones firmes, gestión en el territorio y megavatios reales entrando al sistema.