Decenas de proyectos estratégicos para la infraestructura y el desarrollo energético del país llevan años atrapados en un limbo de trámites infinitos y reglas que cambian a mitad de camino. En el centro de esa parálisis hay un nudo gordiano que nadie ha logrado desatar: la consulta previa. Aunque la necesidad de hacerla más ágil y garantista lleva décadas en el tintero, las promesas de reforma siempre terminan archivadas. Ahora, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un borrador de decreto que promete destrabar este mecanismo, abriendo de nuevo el debate.
La propuesta conjunta de los ministerios del Interior y de Ambiente aterriza en un momento de asfixia operativa donde la actualización del mecanismo es una urgencia. Acierta el Gobierno al proponer romper la secuencia rígida que imponía hacer la consulta previa primero y la licencia ambiental después, para permitir que ambas corran de manera simultánea. Sincronizar estos dos relojes ahorrará tiempo y evitará duplicar esfuerzos. Además, la propuesta incluye un esquema de seguimiento con alertas tempranas y un comité para destrabar casos críticos; una carpintería institucional que, bien aplicada y sin invadir competencias, puede marcar la diferencia entre un trámite ágil y una parálisis interminable.
Ahora bien, no nos llamemos a engaño: los conflictos en las regiones no van a desaparecer por arte de magia simplemente por poner a rodar dos trámites al tiempo o por modernizar el software del Ministerio. La consulta previa falla cuando se reduce a un renglón en un cronograma o a un obstáculo corporativo que hay que "superar". Respetar las dinámicas sociales, económicas y ancestrales de las comunidades no es un favor ni una concesión; es la base para que los proyectos adquieran una viabilidad social real y duradera.
Este mecanismo no debe mirarse como la piedra en el zapato del desarrollo. El país no puede quedar atrapado en un falso dilema: ni la lentitud burocrática ni la ambigüedad de las reglas pueden seguir pasando factura a la infraestructura energética de Colombia, ni la urgencia de las inversiones justifica pasar por encima de la identidad y los derechos de los territorios.
Este decreto abre el camino correcto, pero la prueba de fuego no estará en el texto, sino en la capacidad operativa del Gobierno. Sin capacidad técnica en los ministerios, interoperabilidad digital y reglas claras que agilicen los procesos, cualquier esfuerzo reglamentario terminará siendo letra muerta. En momentos en que el país requiere con urgencia atraer inversiones, reactivar las regiones y asegurar su soberanía energética frente a un panorama fiscal apretado, destrabar la consulta previa con rigor debe convertirse en una prioridad de supervivencia económica.
Modernizar la consulta previa exige superar el pulso ideológico y aterrizar en lo práctico: reglas claras para los inversionistas, capacidad institucional de respuesta y un diálogo transparente con las comunidades. El desarrollo sostenible de Colombia no se logrará forzando proyectos a espaldas de los territorios, pero tampoco manteniendo al sector energético atado a la incertidumbre. El éxito de este decreto será, justamente, demostrar que la certeza jurídica y el respeto por los derechos no son caminos opuestos, sino la única vía para que el país avance.