En estos días la noticia que ocupó primera plana en los medios de comunicación fue el desenlace de la negociación del Gobierno Nacional con el Grupo Gas Natural Fenosa, que ante la falta de resultados respecto de la capitalización de Electricaribe llevó a la intervención de esta empresa.

La toma de posesión de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, fue motivada al encontrarse incursa en dos de las causales previstas en la Ley 142 de 1994:

En primer lugar, una situación financiera que puede llevarla a una inminente cesación de pagos, en los términos del numeral 7 del artículo 59 de la citada ley. En segundo término, no estar en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas (numeral 1 del artículo 59). Lo dice así expresamente la resolución de intervención que es la SSPD 20161000062785 del 14 de noviembre de 2016.

En materia financiera, la conclusión era: “De conformidad con las proyecciones de flujo de caja suministradas por Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., el déficit de caja de la compañía para el mes de noviembre de 2016 ($432.550.996.411) equivale al 55% de los egresos proyectados para ese mes; y el déficit proyectado para diciembre de 2016 ($655.313.484.945) es superior al total de egresos proyectados para ese mes en su flujo de caja ($543.324.488.534)”.

La crisis financiera era un callejón sin salida para Electricaribe. Como tampoco existían las fuentes no operacionales de financiación que serían los aportes o garantías de los accionistas, existía el riesgo de que la empresa incumpliera sus obligaciones en el corto plazo.

Además, Electricaribe debía incrementar sus garantías con el Mercado de Energía Mayorista y para ello era necesario que entregara a XM una garantía bancaria o un depósito o prepago en efectivo. Como tal operación era prácticamente imposible de concretar, la Región quedaba expuesta al racionamiento por limitación en el suministro por parte de los generadores ante incumplimiento en lo que se tenía que pagar. Ya en el 2016 se le habían iniciado a Electricaribe 65 procedimientos de limitación de suministro por X.M. S.A. E.S.P.

Para el Gobierno era claro que estaba en “grave peligro la prestación del servicio público de energía eléctrica en las condiciones de continuidad debidas en la región atendida por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P y, además, compromete la adecuada prestación del servicio en todo el Sistema Interconectado Nacional, con lo cual se podrían causar perjuicios indebidos a los usuarios y a terceros.”

El problema de todas maneras no surgió de la noche a la mañana, sino que en los últimos seis o siete años fue sumando factores negativos que incluyeron una creciente insatisfacción de la clientela, la falta de pago de las entidades públicas, el alto nivel de pérdidas técnicas, el fraude no controlado, el inadecuado proceso de normalización eléctrica y la no inversión en el desarrollo de la infraestructura de distribución como consecuencia de todo lo anterior. Lo cual ha desembocado hoy en la intervención de Electricaribe.

Los saldos financieros de la empresa están en rojo. Sus anteriores directivas aducían que la disminución de ingresos por fraudes era de 286 mil millones de pesos, el no pago de los usuarios sumaba 530 mil millones y lo adeudado por las entidades territoriales locales era del orden de los 800 mil millones de pesos, en total 1 billón 616 mil millones de pesos. Cifra que puede ser superior hoy si tenemos en cuenta lo que no se ha girado por subsidios a los estratos 1 y 2 de la población. ¿Quién resiste tal cuello de botella en las finanzas?

Creo en la palabra que nos han entregado el Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro de Minas y Energía Germán Arce y el Superintendente de Servicios Públicos José Miguel Mendoza. Respaldo la decisión de intervención y aunque no puedo evitar la preocupación por el cisma generado, tampoco puedo desconocer que me llena de optimismo que el hecho de haber ingresado a la fase de recuperación de la empresa. Confío en que la intervención ha sido bien planeada por parte de las autoridades competentes.

Las primeras declaraciones que he leído de los nuevos profesionales responsables de la gestión gerencial, el área técnica, el manejo operativo y la depuración, me dejan claro que no hay dudas sobre el diagnóstico y lo que debe hacerse para superar la emergencia y darle estabilidad al servicio eléctrico en la Costa Caribe, por el bien de la Región y de todo el sistema nacional.

En el Congreso de la República se han articulado las Comisiones Accidentales que se encargarán del control político y el seguimiento a la intervención de Electricaribe, tareas sobre las cuales estaré atento para brindar el apoyo indispensable en el momento necesario.

Es importante ser prudentes pero certeros. Pacientes pero cuidadosos de cada paso que hay que dar dentro de estos dos meses próximos, al final de los cuales se determina si se prorroga la evaluación o se le pone un objetivo concreto a la intervención. Por ley se puede ampliar otros dos meses esa tarea.

En mi sentir es prioritario que Electricaribe cumpla los compromisos que debe cumplir y pague lo que tiene que pagar; pero al mismo tiempo sus deudores – especialmente los del sector público – tienen que cubrir las obligaciones de varios ceros pendientes con la empresa. Si ello se da al pie de la letra, podremos decir que Electricaribe está salvada. De lo contrario tendremos que concluir que la intervención resultó ser un fracaso. Espero que no. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com