El acelerado avance de proyectos renovables plantea nuevos desafíos técnicos y operativos para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que demandan poner en orden un ecosistema que ha crecido más rápido que su propia regulación. En este nuevo contexto, es obligatorio actualizar la normativa vigente para aportar al sistema mayor estabilidad, confiabilidad y seguridad, eso sí, sin ignorar los riesgos, costos y desafíos que estos cambios suponen para los pequeños y medianos promotores.

El Proyecto de Resolución 701 098 de 2025 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una pieza normativa que podría redefinir la forma en que las plantas solares y eólicas se integran al SIN, propone importantes ajustes con el fin de fortalecer la seguridad, confiabilidad y calidad técnica de la operación de las fuentes renovables variables, en línea con los estándares internacionales y con la nueva realidad operativa del país. Una norma que representa un paso necesario y oportuno.

En la práctica, la propuesta establece requisitos técnicos más exigentes para que las plantas solares y eólicas respondan adecuadamente a perturbaciones eléctricas, garantizando una operación más segura. Además, exige a los desarrolladores suministrar al Centro Nacional de Despacho (CND) modelos de simulación avanzados (RMS y EMT) para estudiar el comportamiento real de sus plantas, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mantener información técnica actualizada, fortaleciendo así la trazabilidad, el control y la coordinación del sistema.

El Consejo Nacional de Operación (CNO) tendrá un papel clave en la implementación de esta normativa. En un plazo de cuatro meses, deberá emitir los acuerdos técnicos necesarios para implementar estas nuevas reglas, desarrollando los criterios operativos a cumplir por los operadores. Es una oportunidad para que el país dé un salto hacia una operación más inteligente del sistema eléctrico, pero también un reto de coordinación institucional.

Esta normativa es un paso en la dirección correcta con el propósito de preparar el SIN para funcionar de forma más estable y segura ante las exigencias técnicas de un sistema en el que las energías renovables, como la solar y la eólica, tienen cada vez más peso. Sin embargo, su impacto dependerá de la capacidad del Estado para escuchar al sector, simplificar trámites, aplicar reglas sin ambigüedad y proporcionar los instrumentos y plazos adecuados para que los actores del sector se adapten sin afectar el desarrollo de los proyectos en curso.

El éxito de nuestra transición energética depende tanto de la apuesta política como del rigor técnico. Si mantenemos una normativa desactualizada, le estamos abriendo la puerta a un sistema frágil e inestable. La energía limpia no basta si el sistema no es fuerte.

El mensaje de fondo es claro: Colombia no puede seguir improvisando en materia energética. Hay que avanzar en un desarrollo renovable sostenible en el tiempo que nos conduzca hacia un sistema más resiliente porque una transición acelerada sin estabilidad técnica puede llevarnos a apagones, sobrecostos y a la pérdida de confianza inversionista.