En Colombia, hablar de energía no puede limitarse a precios y kilovatios. Se debe hablar de justicia social, de la posibilidad real de que cada hogar, desde el centro urbano hasta el rincón más apartado del país, acceda a este servicio esencial, sin que su costo lo excluya del desarrollo y la dignidad. Superar las profundas inequidades que persisten en el sistema requiere de un marco regulatorio moderno, coherente y equitativo, que además facilite la incorporación de fuentes renovables al sistema.

Los principios de equidad, transparencia y participación son el eje rector del nuevo proyecto de ley ‘Regulación Justa y Democratización del Sector Energético’ radicado por el Gobierno nacional en el Congreso de la República. La iniciativa que se plantea como un cambio estructural en la regulación de los servicios públicos busca corregir las distorsiones acumuladas durante décadas en el sector; eliminando los cobros injustificados en las facturas, creando mecanismos para que territorios afectados por la generación reciban compensaciones reales, y promoviendo un mayor acceso a esquemas de autogeneración o comunidades energéticas, entre otras medidas.

Además, propone fortalecer la eficiencia en el uso de subsidios, premiando el consumo responsable sin penalizar a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad o dependencia energética. También, avanza en la transparencia: las facturas dejarán de ser una mezcla de cobros ajenos al servicio, y las entidades locales deberán eliminar impuestos que hoy distorsionan el valor real de la energía. Por otro lado, establece tarifas diferenciales para “industrias limpias”, incentivando la inversión en generación renovable, eficiencia energética, y tecnologías de bajo carbono.

Uno de los cambios más profundos que propone es la democratización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que deberá incorporar representantes de la academia, los usuarios y sindicatos, para abrir espacios permanentes de diálogo a través del nuevo Comité Consultivo Ciudadano, lo que permitirá tomar decisiones más incluyentes, menos tecnocráticas, y con mayor legitimidad social. En este punto es crucial dirimir el riesgo de que la participación ciudadana se quede en una mera consulta simbólica.

La magnitud y ambición del proyecto traen consigo desafíos que conviene revisar con ojo crítico y técnico para no generar nuevos cuellos de botella. Los cambios drásticos sin una evaluación técnica adecuada pueden herir la confianza de inversionistas y con ello afectar la confiabilidad del sistema energético; por lo tanto, es definitivo que se garantice la estabilidad regulatoria. En cuanto a los beneficios para proyectos renovables se debe asegurar que lleguen a quienes más lo necesitan.

Como integrante de la Comisión Quinta, encargada de discutir las políticas públicas del sector energético, tengo la especial responsabilidad de liderar un debate técnico, serio y abierto sobre este proyecto de ley, que merece toda la atención y el escrutinio crítico del país. Vamos a trabajar por entregarle al país una ley que contribuya a transformar la lógica del sector energético, porque para lograr una correcta transición, lo primero y lo justo es democratizar la energía.

La tarea es garantizar que el acceso a la energía sea una realidad en todos los rincones del país y que tengamos tarifas justas con reglas claras.

Publicado en: Diario La República