El auge del contrabando de cigarrillos en Colombia refleja profundas fallas estructurales en la lucha contra este fenómeno, que dejan en evidencia la limitada capacidad del Estado para controlar las fronteras, fiscalizar la distribución interna y desarticular las redes criminales que lo sostienen, así como la creciente brecha social y económica en las regiones que aportan a su aumento.

Este mercado negro viene echando raíces, consolidándose con la tolerancia y el apoyo de los consumidores, quienes se mantienen indiferentes ante la ilegalidad que prospera en el país. Prueba de ello es que el negocio ilegal de cigarrillos volvió a dispararse en Colombia: en 2025, el 38 % del consumo nacional correspondió a productos de contrabando, la cifra más alta desde 2011, según el “Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia”, elaborado por Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

El contrabando de tabaco se ha convertido en un subsidio directo a la violencia, que desangra las finanzas públicas con repercusiones profundas en la salud pública, la economía formal, la seguridad y el financiamiento del deporte. Solo el año pasado, el país dejó de recibir $1,18 billones de pesos por el impuesto al consumo. No son cifras abstractas: son hospitales que no se construyeron y programas deportivos para jóvenes que se quedaron sin un peso.

La Costa Caribe se ha convertido en el paraíso de las economías ilícitas. Mientras departamentos como La Guajira registran un absurdo 94 % de consumo ilegal, otros como Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar superan el 70 %. En el Atlántico, la cifra del 48 %, casi la mitad del mercado, no es menos alarmante. Que 48 de cada 100 cigarrillos que se consumen en el departamento sean de contrabando significa que cada mes se pierden cerca de $3.500 millones. Dinero que se evapora de las arcas públicas para aceitar las ruedas del crimen organizado.

Reducir el contrabando de cigarrillos a un simple asunto de evasión es un grave error. Estamos hablando de un combustible que alimenta directamente a las bandas criminales y a los grupos armados que desangran los territorios. De nada sirve endurecer el discurso si, en la práctica, las fronteras siguen siendo un colador y la fiscalización interna no existe. Para frenar este monstruo no bastan los decomisos para la foto; se necesitan políticas de fondo que entiendan la cruda realidad económica que empuja a la gente hacia este mercado.

Estamos ante un desafío urgente y complejo que demanda una política pública integral que aborde las causas estructurales del problema con estrategias que combinen control aduanero efectivo, cooperación internacional, sanciones ejemplares, desmantelamiento de las redes de corrupción y campañas pedagógicas que visibilicen las consecuencias sociales y económicas del comercio ilegal. El Estado debe pasar de la reacción a la prevención, actuar con decisión y coherencia, de lo contrario seguirá siendo cómplice por omisión de un mercado ilícito que destruye tejido económico y social.

La tarea de combatir el consumo ilegal del tabaco es una responsabilidad compartida con todos los ciudadanos, quienes deben concientizarse acerca del impacto de este delito. Defender lo público pasa por rechazar la complicidad del silencio y atreverse a denunciar. El Estado tiene una deuda enorme, es cierto, pero como sociedad no podemos seguir financiando con nuestro propio bolsillo a las estructuras que nos destruyen.