Como ya se veía venir, el precio de la gasolina en Colombia volvió a subir con la entrada del mes de abril. El alivio que prometió el Gobierno duró apenas dos meses y el nuevo trancazo de esta semana borró de golpe ese pequeño respiro para el bolsillo de los colombianos. El panorama es preocupante: entre las tensiones en Medio Oriente y el vaivén del petróleo, la incertidumbre es total. Al final, son los ciudadanos los que terminan pagando los platos rotos ante la ausencia de una política clara para disminuir nuestra vulnerabilidad energética.
Bastó apenas un mes de conflicto para que el petróleo se disparara más de un 50%, rompiendo la barrera de los 118 dólares por barril. Y no nos engañemos, los riesgos de un desabastecimiento global son tan reales como aterradores. Por el estrecho de Ormuz pasa casi la quinta parte del petróleo del planeta, y hoy la zona se encuentra bajo la sombra de crecientes tensiones militares. En un tablero tan frágil como este, cualquier chispa, un ataque a una refinería o el bloqueo de un barco, bastará para que los precios vuelen por los aires y causen un efecto dominó en las economías de todo el planeta.
En Colombia, donde el precio interno de los combustibles está parcialmente intervenido por el Estado, ya empezamos a sentir el golpe. Con el aumento de $376, el precio del galón de gasolina en algunas ciudades del país ya roza los $16.000. Los mil pesos que nos habían bajado hace poco, gracias al cacareado saneamiento del Fondo de Estabilización (FEPC), resultaron ser un espejismo. El FEPC, que en teoría nació para blindarnos de los vaivenes del mercado, hoy se enfrenta a una presión que amenaza con revivir un déficit que creíamos que estábamos superando.
Entre el crudo por las nubes y la devaluación del peso, el hueco del FEPC podría superar los 10 billones de pesos en este 2026. Cuando el precio internacional sube y el Gobierno frena el golpe al consumidor, la diferencia no desaparece; la pagamos todos los colombianos con los aumentos. Pero el verdadero drama está en el ACPM. El diésel no es un lujo, es el motor que mueve la carga y los alimentos en el país. Como a nivel internacional ha subido incluso más que la gasolina, cualquier incremento que se realice significa disparar el costo de vida de los sectores más vulnerables.
Al final, estamos atrapados en un callejón sin salida: desfinanciar al país con subsidios o ajustar precios en medio de fuertes presiones sociales y políticas. Lo grave es que seguimos viendo esto como un problema del momento y no como la crisis estructural que es. Blindar nuestra matriz energética y dejar de depender de choques externos es más que un debate de campaña, es una urgencia nacional. El país no puede seguir dependiendo de decisiones geopolíticas externas para definir su estabilidad energética y, aunque no podemos evitar que estalle una guerra en Medio Oriente, sí podemos decidir qué tan vulnerables somos frente a ella.
