La preocupación y agonía lleva más de cinco décadas afligiendo a las comunidades aledañas al Canal del Dique, quienes han sido testigos de las falsas promesas de sucesivos gobiernos sobre las obras de recuperación y restauración integral del canal. Estos últimos tres años no han sido la excepción; múltiples obstáculos como la exigencia de un nuevo trámite de licencia ambiental para el inicio de las obras y ahora el aplazamiento de los recursos, amenazan la continuidad de la APP, reviviendo el viejo fantasma del hundimiento.
Marcada por el centralismo, que se caracteriza por desconocer las necesidades y urgencias de proyectos claves para el Caribe, la APP del Canal del Dique se ha convertido en otro ejemplo de injusticia regional. Una vez más, se encuentran en vilo los recursos que deben destinarse para la recuperación del canal y a la deuda pendiente con el concesionario, cuyo monto supera los $508 mil millones. La cuestionable decisión del Gobierno nacional de aplazar los recursos del proyecto producirá la parálisis de las obras de la fase de preconstrucción desde este primero de diciembre.
La incertidumbre sobre la continuidad del proyecto golpea a la región, que queda expuesta a una grave crisis por las emergencias que se puedan desencadenar en medio del actual invierno, y resquebraja la confianza público-privada. Los riesgos que enfrentan las comunidades ribereñas son enormes. La ruptura ocurrida en el sur del Atlántico a finales del 2010, una de las peores tragedias en la historia del departamento, dejó una advertencia contundente: la naturaleza no espera. Esta tragedia evidenció la urgente necesidad de intervenir el sistema hidráulico, hoy afectado por una profunda degradación ambiental y una infraestructura deficiente.
Ante este panorama, líderes sociales, gremios económicos y distintos sectores de la región han elevado un llamado urgente al Gobierno nacional para que honre sus compromisos y asuma con responsabilidad la continuidad del proyecto. Coinciden en que no se trata de una discusión administrativa, sino de una decisión que afecta el futuro ambiental, económico y humano del Caribe. La advertencia es una sola: detener la intervención del Canal del Dique es condenar nuevamente a miles de familias a la vulnerabilidad y frenar un desarrollo que lleva décadas esperando.
Suspender el financiamiento de esta megaobra y orillarla a una liquidación anticipada no solo significa detener el proyecto, es comprometer la seguridad de 1,5 millones de habitantes de 19 municipios del Atlántico, Bolívar y Sucre; exponer a la región a graves daños ambientales y contraer demandas millonarias para la Nación. La preocupación se agudiza ante la suspensión de las obras de mitigación del riesgo en la región, especialmente aquellas destinadas a la contención y protección hidráulica para evitar nuevos desbordamientos. Estos proyectos, que incluyen reforzamientos de diques, estabilización de orillas y adecuación de canales, son esenciales para proteger cultivos, viviendas y la seguridad de miles de familias ribereñas.
Esta nueva afrenta se suma a la lista de agravios que el Presidente Petro está cometiendo contra una región que lo eligió, sin saber que se convertiría en el símbolo de las promesas fallidas. En la Costa Caribe, nos sentimos cansados y burlados ante los incumplimientos y la indiferencia del Gobierno. Rechazamos una afectación más a nuestra gente. La intervención al Canal del Dique es una obligación ética, ambiental y social que tiene el Gobierno; exigimos el pago de las deudas y que se garanticen los recursos para la continuidad del proyecto.
