Insiste el presidente Gustavo Petro en convocar a los ciudadanos a salir a las calles para "defender" las reformas de su gobierno, de este llamado hacen eco miembros del gabinete, organizaciones sociales, sindicales, dirigentes políticos y simpatizantes, quienes se han alineado al discurso populista en medio de un año preelectoral, sin evaluar las nefastas consecuencias que tendría para el país una mayor polarización y lo peor, un nuevo escalamiento de los conflictos sociales a escenarios de violencia.
Gran desconcierto produjo la invitación del presidente a los colombianos a salir a las calles y la movilización permanente en este 2025, bajo la excusa de defender el cambio. Sus palabras textuales fueron: “Si queremos el cambio, toca derrotar esa resistencia y esa resistencia contra el cambio no se derrota sino movilizando al pueblo; luego, este año tiene que ser el de la movilización”.
Si bien no son nuevos estos llamados; el pasado mes de noviembre el presidente instó a los campesinos a organizarse y salir a las calles, y hace unos días volvieron a amenazar con una protesta masiva, si la Corte Constitucional admite las demandas sobre la reforma pensional, es preocupante que se esté utilizando esta narrativa para presionar y chantajear al poder legislativo y judicial. Ya se habla de un nuevo estallido social, esa fue la intimidación que lanzó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, si no se logran avances en la reforma laboral. ¡Grave!
Lo ocurrido el año pasado con el asedio a la Corte Suprema de Justicia, por parte de algunos manifestantes, fue una clara amenaza contra la democracia colombiana. El alto nivel de crispación social y política que se promueve actualmente está agudizando la tensión entre poderes, con resultados nada buenos para el país, mientras cada vez se distancia más de la reconciliación. Ejercer presiones a través de la movilización social es un error garrafal, y no podemos permitir que se llegue a puntos de no retorno.
Uno de los elementos fundacionales más importantes de las democracias modernas es la separación de poderes, en la que cada uno debe trabajar armónicamente respetando la autonomía del otro. En virtud de este pilar, las ramas del poder público deben ser cautelosas en evitar injerencias indebidas en los asuntos que son competencia de las otras ramas. Somos un país democrático en el que cada una de las ramas del poder tiene una función definida por la constitución, que en el caso del Congreso, consiste en hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. No dejaremos de cumplir con el mandato que se nos impone y mucho menos cederemos a chantajes que hacen daño al país y a nuestra democracia.
En medio de los múltiples conflictos que se viven en Colombia, las dificultades económicas en aumento y las brechas sociales que se amplían, el país demanda el desarrollo de un ejercicio democrático transparente, independiente, inclusivo y riguroso, que promueva la democracia y el estado social de derecho. Es inadmisible que se utilice la confrontación para desinformar e irrespetar a las instituciones, cuando lo que se requiere es unidad para solucionar los profundos problemas que existen.
Nuestro llamado al ejecutivo es a encaminar el diálogo hacia el respeto, la conciliación, el compromiso y los resultados, así a través de consensos y acuerdos razonables, disipar la conflictividad y generar un ambiente propicio para el desarrollo de los colombianos en todos aspectos. A respetar la independencia.
