Como si no fuera suficiente la crítica situación energética por la que atraviesa el país, el anuncio de una posible suspensión de suministro de gas por parte de la petrolera Canacol Energy es el nuevo tsunami que amenaza con golpear al sector y, con ello, la competitividad industrial y la economía de las regiones, especialmente de la Costa Caribe. Estamos caminando sobre un cristal muy fino en cuanto a seguridad energética y estabilidad social que exige acciones inmediatas, decisiones responsables y una política sólida.
La decisión de Canacol de anticipar el fin de sus contratos de gas ha puesto al país frente a un abismo logístico. No hablamos de un suministro menor; se trata del 17% del gas nacional y la mitad del abastecimiento de la Costa Caribe. Lo más grave es que no hay un 'Plan B'. Ni la producción interna ni las importaciones podrán llenar ese vacío antes de junio de 2026, dejando a industrias y hogares sin el servicio. Con compañías como Gases del Caribe o Cerro Matoso sin suministro, el apagón económico dejará de ser una advertencia para convertirse en una aterradora realidad.
Como ya es costumbre en este país, los platos rotos de la crisis los terminarán pagando las familias colombianas. Si el suministro se suspende, el bolsillo de los usuarios sentirá el golpe de inmediato con tarifas que podrían aumentar hasta un 25%. La solución más cercana para remendar el hueco que deja Canacol con Gas Natural Licuado nos costaría 12 millones de dólares mensuales adicionales, inflando el costo de la molécula hasta un 180%. Para el Caribe colombiano, esto no es solo un ajuste de precios; es una condena a la pérdida de competitividad y calidad de vida.
Desde hace años, Canacol arrastra una estela de dudas que los tecnicismos ya no alcanzan a tapar. El ambiente es turbio, entre demandas por facturas impagas y pleitos por incumplimiento, la empresa ahora debe mirar de reojo hacia Canadá: allá, sus propios inversionistas lideran una demanda colectiva, acusándolos de manipular información en el proyecto de un gasoducto a Medellín. Aquí vemos que no se trata solo de problemas operativos, sino de un patrón de conducta que pone en entredicho la transparencia de un actor clave para nuestra seguridad energética.
El historial de Canacol invita a la desconfianza. Ya lo hicieron durante la sequía de hace dos años, cuando retiraron de golpe el suministro a las térmicas en medio de una emergencia nacional. Ahora, la sospecha es más oscura: voces expertas sugieren que terminar los contratos no es una imposibilidad técnica, sino un movimiento estratégico para revender ese mismo gas a precios de crisis. Si la rentabilidad de una empresa se está construyendo sobre el desabastecimiento provocado, el Estado no puede seguir siendo un espectador pasivo mientras millones de hogares quedan a merced de la especulación.
Ahora mismo, la estabilidad energética del país está supeditada a litigios externos, que ignoran la realidad de los usuarios que sufrirán el desabastecimiento. Este caos es la factura que hoy nos pasa el descuido sistemático en infraestructura y planeación; un precio demasiado alto para un país que se quedó estancado en los diagnósticos mientras las reservas se agotaban.
