La crisis en la red hospitalaria del Atlántico, bajo la sombra de la E.S.E. Universitaria (UNA), continúa profundizándose. Lo que debía ser una intervención para mejorar la calidad de los servicios de salud en el departamento se ha convertido en un laberinto de dudas donde nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando. La falta de transparencia sobre el verdadero estado financiero y administrativo ha transformado una medida de rescate en un escenario de total desconfianza. Sin una hoja de ruta clara para su sostenibilidad, lo que está en juego es la vida de miles de atlanticenses que dependen de una red hospitalaria hoy en cuidados intensivos.
Lo que nació en 2021 como la gran promesa para salvar la salud en el Atlántico terminó siendo su verdugo. La UNA, ese ambicioso experimento que fusionó cinco hospitales bajo una misma bandera, no trajo la modernización prometida, sino un caos estructural que hoy le pasa factura a los más vulnerables. Entre el ruido de la corrupción y el silencio de los pagos atrasados, la entidad se ha convertido en un agujero negro financiero. Hoy, la UNA no es el modelo de gestión que nos vendieron, sino un monumento a la ineficacia administrativa que tiene a los trabajadores desesperados y a los usuarios en el limbo.
La intervención llegó el año pasado con aires de salvación, pero en los pasillos de los hospitales el discurso choca de frente con la realidad. La gestión sigue naufragando en lo básico: medicamentos que no llegan y procedimientos que se vuelven eternos. El descontento de los altanticenses no es gratuito; nace de la desconfianza legítima hacia un interventor que habla de estabilidad mientras la red hospitalaria se cae a pedazos.
Si la gestión de la UNA fuera el éxito que prometieron, la agente interventora, Maryury Díaz, no tendría razones para rehuirle al debate. Su negativa a presentarse ante la Asamblea no solo tensa la cuerda e irrespeta la institucionalidad, sino que también deja en el aire una pregunta: ¿qué es lo que la interventora no quiere que sepamos? El silencio de la señora Díaz es ensordecedor y solo confirma que, tras las puertas de la entidad, las cuentas siguen sin cuadrar y la transparencia es la gran ausente.
Resulta alarmante que la red pública arrastre un hueco de 14 mil millones de pesos con su propio talento humano, ese que está en la primera línea. Con un déficit que suma otros 6 mil millones cada mes, la pregunta no es cuándo llegará la estabilidad, sino cuánto más podrá aguantar el sistema. Sin soluciones estructurales a la vista, estamos ante una red hospitalaria que sobrevive bajo el peso de su propia insolvencia, comprometiendo la atención de miles de familias que no tienen otra opción que el hospital público.
El tiempo de los anuncios y las esperas se agotó. Un nuevo fracaso en el sistema de salud no es una opción, es una sentencia de muerte para la red pública departamental. La opacidad que rodea a la UNA tiene que terminar; el departamento exige saber qué terreno está pisando antes de que el abismo sea total. Basta de promesas de 'calidad y eficiencia' que nunca llegan. Lo que el Atlántico demanda hoy son hospitales que funcionen, en los que se salven vidas.
