De dientes para afuera, los últimos gobiernos han manifestado su voluntad de mitigar la crisis energética en la región Caribe; sin embargo, la realidad ha sido otra. Esa insuficiencia de acciones efectivas para solucionar la grave problemática que aqueja a los usuarios de la Costa, quienes en los últimos años han sido golpeados por injustos incrementos en las tarifas de energía, es el error en el que también ha caído el actual gobierno.
A las graves dificultades que arrastraba la región, en materia de energía, antes de la división del mercado y su compra por parte de las empresas Air-e y Afinia; como la alta exposición en bolsa, la falta de mantenimiento de las redes, las fluctuaciones en el servicio, por mencionar algunas; el gobierno pasado añadió un régimen regulatorio transitorio y especial para la operación del servicio de energía con el decreto 1645 del 10 de septiembre de 2019, que se ha convertido en el peor de los perjuicios.
Seguidamente con las resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 y 078 del 24 junio de 2021, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), autorizó a Air-e y Afinia, la realización de un cobro retroactivo por pérdida de energía. Una carga injusta para los usuarios quienes al día de hoy están pagando tarifas excesivas. Para resumir, premiaron a los que roban y castigaron a quienes pagan por la energía.
Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha manifestado lo injustificable que resulta, que los usuarios de la Costa Caribe tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución, nada ha hecho para revertir el castigo que se le impuso al Caribe. Una muestra es el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no incluyó ningún artículo para resolver las alzas en las facturas, ni tampoco destinó partida presupuestal alguna para cubrir las pérdidas de energía y la opción tarifaria.
Las soluciones propuestas por el gobierno no han conducido a bajar el precio de la energía en el Caribe porque no abordan la raíz de los problemas. En primer lugar, apremia que el Gobierno haga las inversiones de infraestructura eléctrica que se requieren en la región, para posteriormente tumbar el régimen tarifario especial que se estableció injustamente. Por otro lado, es inaplazable que se le pague a las empresas distribuidoras la billonaria deuda que tiene la Nación por concepto de opción tarifaria, que amenaza con recrudecer el actual panorama. En conclusión, hay que meterse la mano al dril para mitigar esta crisis.
Necesitamos actos de voluntad por parte del gobierno Nacional. Tanto se ha criticado al PND de Iván Duque, que castigó al Caribe, pero nada se ha hecho por deshacer este esquema que aumenta el servicio en un 20% aproximadamente. Si el presidente Petro y sus ministros tuvieran la voluntad de lograr una reducción justa de las tarifas de energía de la Costa, sencillamente hubieran sacado este adefesio de su PND y no se hubiera aprobado, pero por el contrario, lo ratificaron y hoy se siguen cobrando las pérdidas que están haciendo un hueco en el bolsillo de las familias. La Costa Caribe demanda un gobierno de acción y tesón que no se quede en promesas.
