Los primeros vestigios del fenómeno de El Niño confirman que, una vez más, nos tomó la delantera un evento climático ampliamente anunciado. Con las primeras emergencias encendiéndose en la Costa Caribe, la prevención y la atención avanzan a un ritmo alarmantemente lento. Actuar a tiempo, antes de que el fenómeno alcance su pico, no es una alternativa: es la última oportunidad para evitar una crisis de proporciones mayores en la salud, la alimentación y el medio ambiente.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyecta un 81 % de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad histórica hacia finales de año, comparable con los eventos más severos registrados desde 1950. Sin embargo, en el Caribe colombiano no hay que esperar al último trimestre: la sequía ya ha empezado a golpear. Con alertas que superan el 95 % de probabilidad de que el fenómeno se mantendrá firme hasta inicios de 2027, el diagnóstico es irrefutable. El problema nunca ha sido la falta de alertas, sino la incapacidad para actuar en consecuencia.
El impacto ya se vive en el Caribe con sensaciones térmicas que sobrepasan con frecuencia los 40 °C. La gravedad del cuadro la confirma Santa Marta, abocada a la calamidad pública tras marcar un registro histórico de 37,2 °C y una sensación térmica que superó los 45 °C. Las consecuencias avanzan en cadena: pérdida de cosechas, quiebra de pequeños agricultores, riesgo latente de incendios y un deterioro acelerado en la salud de niños y adultos mayores. Estamos apenas en la antesala de lo más duro.
Lo más grave es que el golpe caerá, como de costumbre, sobre las espaldas de los más vulnerables. Campesinos, pueblos indígenas, pescadores artesanales y familias sin agua potable en sus barrios sufrirán en primera fila una embestida que desborda lo ambiental para convertirse en un drama social y económico. La desigualdad también se mide en la capacidad de aguantar el clima. La pregunta de fondo no es si el fenómeno será destructivo, sino por qué las instituciones insisten en apagar incendios en lugar de prevenirlos con la planificación que debieron ejecutar hace meses.
El reto siempre ha sido traducir las alertas en presupuestos, infraestructura hídrica y soluciones reales sobre el terreno. Garantizar agua en las regiones, blindar a los pequeños productores y adaptar la producción de alimentos no son tareas para mañana: son urgencias de hoy. Necesitamos sistemas de alerta que sirvan para actuar a tiempo, no solo para redactar el parte de los daños cuando ya no hay nada que hacer.
Si no se actúa de inmediato, el país tropezará otra vez con la misma piedra de la improvisación, como si El Niño fuera una sorpresa inédita y no una amenaza recurrente. Los desastres climáticos no los decreta la naturaleza, los firma la desidia institucional. Al final, la frontera entre una emergencia controlable y una catástrofe social no la marca el termómetro, sino la voluntad política de planificar, invertir y proteger a quienes siempre terminan pagando la cuenta.
