Estar a la altura del cambio que Colombia exige es el mayor desafío que enfrentan los congresistas que asumieron sus funciones el pasado 20 de julio. Por encima de las agendas de bancada o los dogmas políticos, los próximos cuatro años demandan compromiso y sentido de responsabilidad con los colombianos. La tarea del Legislativo será defender la institucionalidad y demostrar que la gobernabilidad no se negocia al trazo fino de la coyuntura, sino construyendo sobre el interés general.

En su primera prueba de fuego, el Congreso envió una señal clara de autonomía. La conformación de las mesas directivas en Senado y Cámara sirvió para medir el nuevo pulso de fuerzas tras la recomposición del mapa político. Más allá de la carpintería de los acuerdos parlamentarios, el resultado confirmó un principio básico: el Legislativo debe ser un contrapeso real. Un Congreso maduro no es el que le firma un cheque en blanco al Ejecutivo ni el que se atrinchera en la oposición sistemática, sino el que legisla con rigor, ejerce control político y hace valer el sistema de pesos y contrapesos que sostiene a la democracia.

Los próximos días traerán un nuevo examen de fuego para el Congreso. La elección del contralor general y de los magistrados del Consejo Nacional Electoral medirá de nuevo su independencia y su verdadero peso institucional. Sin embargo, la prueba reina no estará en las urnas del recinto, sino en el trámite de una agenda legislativa de la que depende, en buena parte, el rumbo del país. En el tintero de lo urgente están el Presupuesto General de 2027, una eventual reforma tributaria y las respuestas a los dolores más agudos del país: la crisis energética, la parálisis en la salud y el deterioro de la seguridad. Frente a semejante agenda, el Congreso no puede permitir que el gallandete político paralice las reformas estructurales. Su obligación es dar debates rigurosos, corregir lo defectuoso y sacar adelante lo que responda al interés nacional, poniendo la estabilidad del país por encima de todo cálculo.

Con las fuerzas fracturadas y la tensión a flor de piel, el Congreso no puede achicarse: la fricción ideológica debe ser el insumo del debate, no el pretexto para la parálisis. Tanto el oficialismo como la oposición y los independientes tienen el deber de subir el nivel y dejar el barro de las redes sociales. A este Gobierno la gobernabilidad no le caerá del cielo; dependerá de un Capitolio capaz de armar acuerdos, tramitar con rigor las reformas clave y mantener el control político sin convertir el recinto en una trinchera. Colombia necesita parlamentarios independientes que entiendan la urgencia ciudadana y asuman su rol con rigor. La agenda legislativa debe afianzarse en un control político firme al Ejecutivo, que garantice que el contrapeso democrático y el Estado de derecho no sean una formalidad, sino una realidad.

La esencia del equilibrio de poderes es simple: respaldar lo que le sirve al país, corregir lo que viene mal y vigilar con independencia. Solo un Congreso que honre la confianza ciudadana, poniendo el interés general por encima de las calculadoras partidistas, estará a la altura de enderezar el rumbo y hacerle frente a la profunda crisis que atraviesa Colombia.