Respaldo con toda responsabilidad como ciudadano y como congresista la decisión del procurador general, Fernando Carrillo Flórez, de acudir a una acción popular para recuperar por vía judicial los 80 millones de dólares que estiman el Ministerio Público y la Fiscalía General fueron hurtados a los barranquilleros y atlanticenses a través de operaciones cuestionadas de la empresa Triple A y su matriz Inassa.

Es inaudito lo que se ha venido conociendo por parte de los investigadores oficiales y particulares, quienes con mucha cautela han ido destapando como se fueron filtrando hacia particulares (nacionales y extranjeros) los dineros destinados para mejorar la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo de Barranquilla.

Es inexplicable como los órganos de control, tanto del Estado como los corporativos, permitieron, durante un largo periodo de tiempo, el desangre desmedido de recursos provenientes de tarifas, regalías y subsidios de los barranquilleros, para hacer inversiones en otros países.

Su propietaria al final de la cadena, la empresa estatal madrileña Canal Isabel II, sostuvo en el 2017, a través de su vocero oficial, que los dineros no fueron invertidos en expansión de servicios en ninguna parte de América, que el 58% de sus operaciones se hicieron en Barranquilla.

Todo esto impidió que se hicieran a tiempo inversiones muy necesarias en Barranquilla y el departamento, se encareció la prestación de los tres servicios y ahora, al conocerse estos hechos ilegales, la comunidad apenas empieza a sufrir los efectos dañinos de estos actos delictivos.

La acción popular iniciada por el procurador Carrillo es la vía idónea para recuperar lo robado y orientar su destino a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Los avances en el caso, como la captura del ex-gerente de la empresa Germán Navarro, por la presunta apropiación de más de $27.000 millones son muestra del buen curso de la investigación por parte de la Fiscalía.

Paralelamente la Procuraduría adelanta investigaciones disciplinarias contra una decena ejecutivos y empleados de diversos niveles de Triple A e Inassa y también extiende sus pesquisas a los llamados a proteger los intereses comunitarios por la función que han tenido en todo este proceso desde la década de los noventa. Controladores internos, contralores del Distrito, funcionarios públicos delegados, entre otros, deberán rendir explicaciones a los investigadores y ante la comunidad.

Se señala que un contrato de gestión firmado en octubre de 1996 fue utilizado para filtrar los recursos de manera ilegal y abusiva hacia Inassa hasta cuando la Procuraduría ordenó su suspensión el año pasado, lo cual fue acatado. No obstante, no ha sido anulado por razones técnicas y de costo de oportunidad. Está en marcha una auditoría, de la cual he exigido que no sea para tapar corruptelas sino para resolver los nudos que afectan el patrimonio colectivo.

Es imperativo que se conozca y se juzgue, tanto en lo disciplinario como en lo penal, si hubo irregularidades en los trámites para que la participación accionaria del Distrito disminuyera tan dramáticamente del 85% a menos del 15% y que se facilitaran las filtraciones abusivas de dinero hacia particulares con entronques en Triple A, Inassa y R & T. La contratación de servicios no prestados debe también ser aclarada y juzgada.

A mediados del 2017, desde la plenaria del Senado de la República, inicié un ejercicio de control político a esta Empresa de Servicios Públicos, la cual se negó a responder los cuestionamientos, aduciendo escuetamente la carencia de competencia del Congreso para indagar sobre el actuar de la Triple A como particular. Este desacato a la Ley 5 de 1992 por parte de la Gerente General Julia Serrano Monsalvo, será aportado oportunamente a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

De igual manera, destinaré mis futuros esfuerzos como Senador de la República para coadyuvar a las distintas autoridades a que se impongan en este caso acciones, sanciones y condenas ejemplarizantes.

Los barranquilleros merecemos ser respetados colectivamente en nuestros derechos. Estoy seguro que con el oportuno actuar del Procurador General de la Nación, obtendremos el justo castigo a los criminales y funcionarios corruptos, al igual que el resarcimiento del daño ocasionado por estos.