El estado en que el actual Gobierno deja a la empresa Air-e tras la fallida intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos es un monumento a la irresponsabilidad y la inoperancia administrativa. Lejos de garantizar la sostenibilidad de la compañía que presta el servicio de energía al 11,3% de la demanda nacional, la falta de voluntad política terminó por agravar el problema. Al final del día, el remedio resultó peor que la enfermedad.

El balance tras casi dos años de intervención y un constante desfile de agentes interventores es desastroso. Hoy, la confianza de los usuarios está rota y la continuidad de un servicio esencial para millones de ciudadanos pende de un hilo. Las cifras de la inoperancia y la pésima gestión hablan por sí solas: la deuda con los agentes del mercado se disparó a los 2,7 billones de pesos, cuatro veces más de lo que se debía en 2024, antes de que el Gobierno tomara el control. Con este lastre, la estabilidad de todo el sistema eléctrico nacional está bajo máxima alerta.

En todo este tiempo, el Gobierno simplemente esquivó sus obligaciones. En primer lugar, se negó a asumir su responsabilidad fiscal para saldar la millonaria deuda de la opción tarifaria con las comercializadoras. Tampoco movió un dedo para ejecutar las inversiones en infraestructura que el sistema pedía a gritos. Y para rematar, mantuvo intacto el injusto cobro por pérdidas no técnicas; un castigo financiero que hoy siguen soportando sobre sus hombros más de 11 millones de habitantes en el Caribe.

Lo peor es que el fenómeno de El Niño apenas empezó a asomar la cabeza y el bolsillo de los usuarios ya comenzará a pagar los platos rotos. Hace unos días, la empresa anunció un aumento en el costo por kilovatio, argumentando incrementos en los precios de la energía en bolsa debido a las alertas climáticas. Esto no es más que el síntoma de una enfermedad crónica: la altísima exposición al mercado de bolsa que sufre el Caribe, donde los ciudadanos terminan financiando con tarifas excesivas y abusivas las ineficiencias del sistema.

Para colmo de males, el presidente Gustavo Petro soltó hace unas semanas un anuncio fulminante: la eventual liquidación de Air-e. Como ya es costumbre, lo hizo de manera sorpresiva y sin una hoja de ruta que explicara el alcance de semejante decisión. En lugar de aportar el liderazgo y la claridad institucional que exige esta crisis, el mandatario prefirió avivar el fuego, sembrando el pánico entre usuarios, trabajadores y agentes del sector. Una irresponsabilidad mayúscula que profundiza la desconfianza sobre el futuro eléctrico del Caribe. La cereza del pastel para cerrar con broche de oro las improvisaciones de este Gobierno.

La intervención de Air-e termina siendo el reflejo de una gestión sin norte. No hubo hoja de ruta, pero sobre todo, faltó la seriedad política para resolver un problema estructural. El balance es desastroso: la empresa quedó al borde del precipicio y el Caribe, atrapado en la incertidumbre del futuro de la empresa y de un posible apagón.