En su llegada, el Gobierno de Gustavo Petro despertó la expectativa de un avance definitivo en la diversificación energética del país. Su cercanía con las bases sociales y su discurso en favor de las energías limpias sugerían que, por fin, se destrabarían los proyectos de generación y transmisión mediante acuerdos comunitarios reales que superaran años de parálisis por conflictos locales. Asimismo, se daba por sentada una hoja de ruta técnica que combinara el auge renovable con la estabilidad de la infraestructura existente. Pero el libreto se quedó en el discurso.
El panorama no es mejor para la generación convencional. Hoy, obras estratégicas siguen frenadas y la expansión eléctrica siguen congeladas, poniendo en jaque la seguridad energética nacional. Entre la ideología del Gobierno, el freno burocrático, los problemas de caja y el cortocircuito entre las propias entidades del Estado, tanto los proyectos renovables como los tradicionales terminaron atrapados en el limbo.
Las cifras de XM reflejan con claridad este estancamiento: desde 2022, la capacidad de generación que realmente entró en operación no alcanzó el 30 % de lo proyectado para cada vigencia. En 2022 se esperaban 3.613 MW y solo ingresaron 995 MW; en 2023, de los 6.608 MW previstos, apenas se sumaron 1.155 MW; y en 2024, de una meta de 5.720 MW, se materializaron únicamente 1.447 MW. El panorama fue aún peor en 2025, cuando solo se incorporaron 380 MW frente a los 3.517 MW estimados. A junio de este año, el avance apenas roza el 6,8 % de la meta, una prueba irrefutable de que el país acumula un rezago peligroso para la estabilidad del sistema.
El próximo Gobierno tendrá la obligación de trazar un rumbo energético sensato, técnico y blindado contra los vaivenes políticos. Su tarea más urgente será destrabar, sin más dilaciones, los proyectos eléctricos que ya están en etapas avanzadas. Esto no se logra con discursos, sino con gerencia: simplificando la maraña de trámites institucionales, fijando plazos estrictos, ejecutando las garantías a quienes incumplan los cronogramas y liberando de una vez por todas los puntos de conexión que hoy están reservados por proyectos fantasma.
En paralelo, el país no puede darse el lujo de marchitar su sector de hidrocarburos; necesita reactivar la exploración y producción para no quedar desprotegido mientras madura la transición. Esto exige actualizar las reglas de juego, agilizar las licencias para nuevos yacimientos, sobre todo los proyectos offshore y destrabar el gas natural, que hoy está atrapado en un laberinto burocrático. En este tablero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debe sacudirse y asumir su rol: promover la exploración y asegurar el abastecimiento. Cada proyecto congelado por caprichos políticos o desidia institucional nos deja sin margen de maniobra, acercándonos a una crisis que aún estamos a tiempo de evitar si el Gobierno muestra liderazgo y voluntad real.
Colombia no tiene por qué elegir entre una matriz limpia y una confiable; requiere ambas. Lo que hoy urge en el sector energético son resultados concretos y decisiones oportunas antes de que los rezagos desemboquen en una crisis irreversible. Si llegamos a ese punto, nadie podrá lavarse las manos: los avisos han sido más que claros.
