El presidente Juan Manuel Santos dijo el sábado en Cartagena que la implementación del proceso de paz con las Farc “va bien” tras una semana en que diversos acontecimientos ponen en tela de juicio la posibilidad de que se cumplan los objetivos que nos animan a numerosos colombianos a respaldar los acuerdos firmados a fines de 2016 después de seis años de negociaciones.

La captura con fines de extradición del ex negociador Jesús Santrich, elegido para representar a las Farc en la Cámara de Representantes, y su decisión de mantener una huelga de hambre para no someterse a la justicia norteamericana se sumó al debate por manejos dudosos de los fondos para la implementación en el gobierno, alerta proveniente de los donantes internacionales.

La Fiscalía ha señalado que hay motivos para profundizar las investigaciones y llevar ante los jueces a algunos protagonistas en las contrataciones por componendas en los trámites. Marlon Marín, sobrino del segundo de las Farc, Iván Márquez, resultó ser un eslabón entre los procesos contractuales de los fondos para la paz y los hechos que comprometen a Santrich en la venta de diez toneladas de cocaína, que es la acusación por la cual debe responder cuando sea extraditado. Marín es ahora testigo en Estados Unidos contra Santrich y dijo a la Fiscalía colombiana antes de entregarse que tiene mas información comprometedora respecto a otros actores.

De manera que tanto el Gobierno como las Farc han creado incertidumbres que deben clarificarse sin atenuantes para ganar confianza en un proceso sobre el cual gravita el presente y el futuro de Colombia. El posconflicto ha perdido la confianza de los colombianos y eso impone rectificaciones.

Es inaceptable que en el articulo número 54 del proyecto de ley reglamentario de la Justicia Especial para la Paz se le otorgue a la sección de revisión de la JEP,la posibilidad de realizar investigaciones no previstas en los acuerdos entre Gobierno y Farc cuando se trate de determinar si un miembro de las Farc incurrió en el presunto delito extraditable antes o después de la firma del acuerdo.

La extradición no puede ser negada por la puerta trasera; de ser aprobado este articulo se haría inviable por vía de trámite, se estaría favoreciendo a las Farc de manera injusta, desmedida y no prevista, y además se anularían los objetivos de pronta justicia y debido proceso.

Por eso la JEP debe limitarse a determinar la fecha de la comisión de la conducta punible y nada más que eso, que otras instancias o autoridades hagan lo que les corresponde. Este asunto lo vamos a revisar minuciosamente en el Congreso.

Lo que está por venir, como lo ha señalado el Presidente, y lo creemos también los colombianos con buena fe, es un proceso complejo para lograr con el tiempo una paz estable y duradera donde primen los valores superiores de la justicia y la democracia, los derechos humanos, las garantías y derechos de todos los ciudadanos, no solo de los desmovilizados o victimarios, sino de todos, y, entre estos, las víctimas.

Debilitar la confianza nacional e internacional con corrupción en los fondos nacionales o internacionales para el posconflicto puede conducir a la venguenza ante el mundo y al fracaso del proceso. Igual pasa si las Farc incumple en las siguientes fases, por ejemplo, incurriendo en la repetición de conductas que está obligado mediante acuerdo formal y en firme a no repetir. El narcotráfico es una de ellas.

Se trata esta de una industria ilegal que ha hecho daño a Colombia en ya demasiados años porque ha irrigado recursos para la criminalidad y la deshonra.

Claridad, rectificaciones, buena fe, confiabilidad, justicia, se imponen hoy en Colombia como mandatos para darle legitimidad y confianza a los procesos pacificadores. Eso deben tenerlo muy presente los negociadores en la mesa con el ELN que reasume en Cuba el trámite de un acuerdo parcial para que haya cese al fuego bilateral mejor estructurado y avances en la participación social. Este acuerdo se había anunciado como resultado del actual ciclo, que culminaría antes de la primera vuelta presidencial, que es el 27 de mayo.

De la reunión de evaluación cumplida este fin de semana en Cartagena y antes en Nueva York emergen motivos para esperar rectificaciones en las partes. Estamos atentos.