Avanzar en la regulación de la Ley Antivapeo o Ley Antitabaco 2.0 debe convertirse en una prioridad nacional que, más allá de un simple cumplimiento normativo, convoque a un compromiso integral por parte del Estado, la sociedad civil, el sistema educativo y el sector sanitario. Si de verdad queremos proteger a los niños, niñas y adolescentes, frente a nuevas formas de consumo de nicotina y otras sustancias nocivas, hay que dejar la tibieza: necesitamos decisiones firmes que cierren los vacíos legales y que pongan la salud por encima de cualquier negocio.
Tras la aprobación de la Ley 2354 de 2024, que regula el uso y la comercialización de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Productos de Tabaco Calentado (PTC), dimos un paso gigante en materia de salud pública, que trazó un marco claro de protección frente a estos dispositivos, pero el riesgo de que todo se quede en buenas intenciones es real. Si no hay una reglamentación clara y controles de verdad en todo el comercio, la ley terminará siendo papel mojado.
Lo preocupante es que la aplicación de la norma va a paso de lento. En tres meses se cumplen dos años de la promulgación de la ley y todavía no entran en vigor todas las disposiciones que exige la normativa, entre ellas el etiquetado obligatorio con advertencias sanitarias, la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio. Al día de hoy, el control es poco y las sanciones brillan por su ausencia.
Ahora bien, es importante reconocer los avances en las investigaciones que viene adelantando la Superintendencia de Industria y Comercio sobre establecimientos de comercio, tanto físicos como electrónicos, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, es necesario que estas acciones y controles sean permanentes y se extiendan en todo el territorio Nacional ya que la normativa por sí sola no garantiza que se frene el acceso de los menores a los productos de nicotina.
Los vacíos en la aplicación de la Ley están permitiendo que los vapeadores y cigarrillos electrónicos sigan circulando sin control, cautivando a los adolescentes, quienes debido a la falta de información, han normalizado su consumo. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, realizado por el Ministerio de Justicia, el 22,7% de los estudiantes entre 12 y 17 años ha utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida, mientras que un 17,6%, ha vapeado. Las cifras son alarmantes y los estudios revelan el preocupante aumento en el uso de estos dispositivos electrónicos, que después del alcohol son la segunda sustancia psicoactiva más consumida por los escolares.
La aplicación efectiva de esta normativa en todo el país es fundamental para evitar que, por falta de control y educación, se siga extendiendo el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre los niños y niñas. Es urgente revertir esta creciente tendencia e impedir que se consolide un patrón de consumo que comprometa la salud de las nuevas generaciones y genere adicciones tempranas con consecuencias duraderas en la población juvenil.
