Continúa la discusión en el país por el proyecto del Impuesto Predial Unificado (IPU), radicado la semana pasada en el Congreso de la República, por los ministerios de Hacienda y de Agricultura, bajo la premisa de ponerle techo al incremento del IPU, pero que en la práctica se traduce en otro aumento propuesto por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.
El texto que de entrada ha generado rechazo por parte de varias bancadas debido a las fuertes consecuencias que tendría sobre las familias colombianas la nueva carga tributaria, después de un año golpeado por la inflación, en el que la gasolina ha incrementado como nunca antes, se han sumado nuevos impuestos a las comidas y se proyecta el aumento en los peajes, por mencionar solo algunas de las medidas lideradas por el Gobierno, que están exacerbando la economía de los colombianos.
Los límites al predial que establece la iniciativa son: el aumento del impuesto de hasta un 50% en predios cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s. m. m. l. v.), esto es, unos 156,6 millones de pesos a precios de este año; un tope del 100% para las valoraciones entre 135 y 250 s.m.m.l.v.; del 150% para los que estén por encima de los 250 salarios y por debajo de los 350 smmlv (406 millones); del 200% para los avalúos entre los 350 y 500 salarios mínimos (580 millones), y un ajuste hasta del 300% para los que superen los 500 smmlv. En definitiva, una propuesta lesiva contra la clase media colombiana.
Pese a la férrea defensa del Gobierno, que asegura que la propuesta lo que busca es unificar dos leyes, disminuir excepciones y definir los límites hasta dónde se puede cobrar esta contribución, el proyecto no convence a los sectores quienes han rechazado vehementemente su aprobación. Entre ellos Camacol que asegura que: “La propuesta puede generar incrementos en los costos asociados a los servicios de vivienda, en un escenario en el cual los hogares colombianos han visto deteriorada su capacidad de compra y el sector de la construcción presenta un deterioro severo en los principales indicadores”. Por su parte, Fenalco ha advertido que el proyecto: “Es una afectación a la vivienda digna, es una afectación al desarrollo del comercio y es el camino para un impuesto confiscatorio que terminaría en expropiación”.
Frente a una coyuntura tan delicada como la actual, en la que en el mes de octubre la inflación se ubicó en el 10,48 %, lo que menos puede propiciarse desde el legislativo es una nueva norma que golpee a la clase media, y a los trabajadores del país. Por eso, desde ya anuncio mi voto negativo contra este proyecto de ley que quiere convertirse en una nueva cachetada a los pobres y a los asalariados colombianos. En este escenario, le pido a la bancada de la colectividad del Partido de la U en el Congreso abstenerse de aprobar esta iniciativa, lesiva a los intereses del pueblo.
