Durante años, Colombia disfrutó de un privilegio que hoy parece un sueño: contar con gas natural suficiente para abastecer los hogares, la industria y la generación eléctrica. Este recurso, que ha sido uno de los pilares de nuestra competitividad, permitió reducir emisiones frente a otros combustibles y mejoró la calidad de vida de millones de colombianos. Sin embargo, hoy la realidad es completamente distinta.

Las reservas han disminuido de manera acelerada, la producción nacional ya no alcanza para cubrir la demanda y el país depende cada vez más de importaciones. Pero esta crisis no apareció de un día para otro. Es el resultado de varios años sin nuevos contratos de exploración, de decisiones regulatorias que desincentivaron la inversión, de proyectos estratégicos aplazados y de una política energética que confundió la transición con el abandono prematuro de los hidrocarburos.

En medio de este crítico panorama, cobra especial relevancia el llamado de Naturgas al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. El gremio ha advertido, con acierto, que los primeros cien días de gobierno serán determinantes para recuperar la confianza de los inversionistas y sentar las bases que garanticen el abastecimiento energético en los próximos años. Sin embargo, la magnitud del desafío exige mucho más que buenas intenciones: demanda decisiones oportunas, reglas claras y un compromiso firme con la seguridad energética del país.

El nuevo gobierno debe comenzar por enviar una señal clara de estabilidad jurídica. Durante los últimos años, numerosos proyectos fueron suspendidos o aplazados por incertidumbre regulatoria y mensajes contradictorios. Ninguna empresa invertirá miles de millones de dólares en exploración si las reglas del juego cambian cada cuatro años. Recuperar esa credibilidad será determinante para movilizar el capital que el sector necesita.

En segundo lugar, será indispensable reactivar inmediatamente la exploración de gas costa afuera y en tierra firme, agilizando licencias ambientales sin sacrificar los estándares técnicos ni la protección de los ecosistemas. Por otro lado, la infraestructura también requiere decisiones inmediatas. Urge acelerar los proyectos de transporte, almacenamiento y regasificación para garantizar que el gas llegue oportunamente a los centros de consumo y al sistema eléctrico nacional.

Igualmente importante será modernizar la regulación del mercado. Se requieren contratos más flexibles, señales eficientes para atraer inversión y mecanismos que fortalezcan la competencia, reduzcan costos y otorguen mayor estabilidad al suministro.

Todo esto deberá hacerse sin abandonar la transición energética. Por el contrario, el gas natural debe consolidarse como el combustible puente que permita respaldar el crecimiento de las energías renovables, especialmente cuando fenómenos climáticos como El Niño reducen la generación hidroeléctrica. La seguridad energética y la descarbonización no son objetivos incompatibles; son políticas complementarias.

Los primeros cien días marcarán el rumbo de este gobierno. Contar con una hoja de ruta clara y actuar con decisión desde el primer día será clave para que Colombia recupere la confianza, vuelva a atraer inversiones y garantice un suministro de energía seguro para los hogares, la industria y la generación eléctrica.

Si, por el contrario, se desperdicia esta oportunidad, el país continuará dependiendo de gas importado cada vez más costoso, perderá competitividad y aumentará su vulnerabilidad frente a futuras crisis energéticas. En materia de gas natural, el tiempo para diagnosticar ya terminó. Llegó la hora de actuar.