Pese a los ajustes regulatorios, flexibilidades y ampliaciones en el cronograma, el proceso de adjudicación para la construcción de la planta Regasificadora del Pacífico, fracasó nuevamente. El resultado de la última convocatoria liderada por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), es consecuencia de la falta de claridad en la estructuración del proyecto y los interrogantes que han rodeado desde sus inicios a esta megaobra, que sigue sin convencer.
Después de que en 2021 se declarara desierta la primera licitación, y aún con los cuestionamientos sobre los costos, la infraestructura, entrada en operación e impacto en la demanda y el medio ambiente, sin resolver, el Gobierno Nacional volvió a insistir en la búsqueda de nuevos inversionistas. Esta vez con el resultado de una única propuesta por parte de un consorcio inexistente, que llevó a la convocatoria otra vez al traste.
Ni las modificaciones favorecedoras a los inversionistas, realizadas por la Upme y la Creg, como la ampliación del plazo para el inicio de operación de la planta, los cuestionados incentivos para los inversionistas privados, las variaciones referentes al tema de garantías, o los cambios en las fechas, fueron suficiente para se postularan otras firmas. Con un solo proponente que no cumplía con los requisitos mínimos exigidos, finalmente a la Upme no le quedó más que declarar desierta una convocatoria llena de dudas y múltiples adendas.
Contrario a lo que afirman los defensores de la planta del Pacífico, se trata de un proyecto que en caso de llegar a utilizarse, porque ya contamos con tres regasificadoras: una en Cartagena, otra en Barú y otra en La Guajira, solo beneficiará a un sector del país, pero los US$800 millones que se estima costará, sí los tendríamos que pagar todos los colombianos.
Ante una eventual entrada en operación de esta planta, Colombia dejaría de percibir un gran porcentaje de las regalías que recibe hoy por parte de la industria nacional, también dejaría de generar empleos locales y, quizás, lo más grave; este proyecto generaría un incremento absurdo e innecesario en las facturas de gas para los hogares, las pequeñas y medianas empresas, así como para las grandes industrias.
Aunque la Contraloría General de República, la Dimar, actores de la sociedad civil, expertos del sector, líderes de opinión, empresas productoras de gas y algunos servidores públicos, hemos alzado nuestra voz para alertar acerca de los impactos peligrosamente negativos que conllevaría la puesta en marcha de este proyecto para el país, la Upme y la Creg insisten en su construcción.
Es contradictorio que, por un lado, se hable de transición energética y por el otro, de promover la importación de un combustible clave y abundante en el país como el gas. Confiamos en que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, revise con lupa los procesos y estudios que se han realizado alrededor de esta obra, para que se tome una decisión que resulte conveniente. El Ejecutivo debe enfocarse, en estos momentos, en proponer medidas enfocadas en lograr tarifas eficientes para los usuarios y preservar el autoabastecimiento del país.
Publicado en. La República
