No cesan las denuncias y quejas sobre las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que en algunas regiones del país se aleja cada vez más de su propósito de suministrar un complemento alimentario para contribuir al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo y el bienestar de los estudiantes en los establecimientos educativos. Rescatar esta mancillada política pública de las garras de la corrupción es una tarea pendiente, que no admite más plazos.

El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en un punto de la política social que es sagrado. Aunque los problemas que se develan no son nuevos, cada hecho que se descubre es más detestable que el anterior. Actualmente, tenemos un PAE que en pocas regiones funciona de manera adecuada, en la mayoría persisten problemáticas como la mala calidad de los alimentos, los robos, la falta de financiamiento y los términos de contratación.

En días pasados, se conoció la noticia de la intoxicación de 22 niños de la Institución Educativa Distrital Ondas del Caribe de Santa Marta, tras ingerir alimentos del PAE, una amenaza directa contra la salud y el bienestar de los pequeños. Es realmente espantoso que unos clanes de bandidos se apropien de esos recursos para el bienestar particular y suministren alimentos en mal estado que se constituyen en una sigilosa pena de muerte contra una población infantil que proviene de familias en estado de vulnerabilidad social. Colombia debe y tiene que reaccionar con energía frente a esa inmisericorde corrupción.

Por otro lado, recientemente la Contraloría General de la República advirtió que más de 350.000 estudiantes no están recibiendo los beneficios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a la falta de planificación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas. Una situación reprochable, desde todo punto de vista, que devela la negligencia y el descuido de algunas administraciones.

En muchas de mis columnas, desde hace tiempo he venido denunciando situaciones anómalas en los departamentos del Magdalena, Bolívar y La Guajira, amén de lo que ocurre en el Chocó y otras latitudes, relacionadas con las deficiencias de la alimentación escolar del PAE. Me complace Contraloría General de la República esté llamando la atención de la problemática actual, sin embargo, es necesario que el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades responsables, se coloquen al frente de la situación para dar un golpe contundente a estas mafias.

El país quiere ver juzgados, condenados y encerrados a quienes cometen uno de los crímenes más graves en los que se puede incurrir contra el futuro del país: nuestros niños y niñas. Más injusto aún sí se trata de una población en condición de vulnerabilidad.

Toda la alimentación escolar debe ser examinada cuidadosamente para evitar nuevos actos de corrupción. La Fiscalía y los órganos de control deben definir responsabilidades políticas y penales frente al robo de los dineros y mal manejo de la alimentación escolar. Esto no puede seguir ocurriendo en ningún departamento o municipio de Colombia.