Como era de esperarse, la producción de hidrocarburos en Colombia continúa su descenso, exponiéndonos a una mayor pérdida de autosuficiencia energética, sin que exista un horizonte claro para su recuperación. Las decisiones y políticas adoptadas por el Gobierno se han convertido en un tiro en el pie que está desangrando al país en términos fiscales, productivos y de seguridad energética, aumentando la dependencia de importaciones y debilitando uno de los sectores estratégicos para la estabilidad económica y el desarrollo nacional.
Hace más de una década, la industria estaba en su mejor momento, con volúmenes históricos de petróleo por encima del millón de barriles diarios, que nos dieron tranquilidad energética y llenaron de dólares nuestras reservas internacionales. Unos años después, se concretaron esfuerzos para hallar más petróleo y gas en procura de contener el visible decrecimiento de reservas. Los hallazgos fueron llegando confirmando el gran potencial del país, pero justo en el momento en que se realizaron los mayores descubrimientos offshore, el Gobierno arreció su discurso contra el sector.
Si bien este entorno adverso para la operación de petróleo y gas natural se ha fortalecido en un complejo contexto marcado por dificultades de orden público y el aumento de la conflictividad social en las regiones productoras, no hay duda de que la no expansión de nuevas operaciones, la imposición de altos gravámenes, la ausencia de incentivos, así como la incertidumbre jurídica y regulatoria, han sido factores determinantes en el declive del sector.
Ni las proyecciones más pesimistas calculadas unos años atrás estimaban una disminución tan dramática en la producción de hidrocarburos como la registrada el año pasado. La caída de un 3,59 % en la producción de petróleo entre enero y noviembre de 2025, que pasó de 774.180 barriles diarios en 2024 a 746.402 barriles en el mismo periodo de 2025, y el descenso del 11,66 % de la producción de gas comparada con 2024, según el último informe de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), confirma el deterioro acelerado del sector y evidencia las consecuencias de una política energética que ha debilitado la exploración y la inversión.
En el año 2024, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estimaba la pérdida de posición de Colombia como el tercer mayor productor de petróleo en América Latina, detrás de Brasil y Argentina; sin embargo, no preveía una caída tan pronunciada. Tampoco anticipaba el crecimiento acelerado de Guyana, que al superar los 900.000 barriles diarios, ha batido todos los récords de producción en la región, pasando a la historia como el primer país del mundo en producir más de un barril de petróleo por habitante al día. Un fuerte contraste entre un país que ha sabido aprovechar su potencial energético y otro que, pese a contar con recursos, ha optado por restringir el desarrollo de su industria petrolera.
Poco a poco, el decrecimiento del sector se está reflejando en menores aportes a la Nación, que hoy ya siente el impacto en las finanzas públicas y la capacidad del Estado para sostener la inversión social, financiar infraestructura y atender las necesidades de las regiones, al tiempo que se agrava la crisis energética, se incrementa la dependencia de importaciones y se expone a mayores riesgos de desabastecimiento y volatilidad de precios.
