Esta semana que pasó, el país se llevó una ingrata sorpresa al conocer la intención de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de participar en la subasta de cargo por confiabilidad, que se realizará el próximo 28 de febrero. Situación que ha causado molestia y mal sabor en el sector eléctrico por ser absurdo que se le permita a la misma empresa que causo la crisis que motiva la convocatoria, participar en la misma.

Es que precisamente la subasta que fue convocada en 2018 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se realizó para suplir el déficit en el que nos dejó la no entrada en funcionamiento del proyecto de Hidroituango. Ésta fue una medida de contingencia que tomó el Gobierno Nacional, ante las grandes dudas generadas por las dificultades y catastróficas emergencias que ha causado la hidroeléctrica los últimos meses.

Que EPM haya salido a decir que: “Con base en las proyecciones de generación, Hidroituango tendría energía firme disponible para la subasta en cuestión” no es ninguna garantía, sobre todo teniendo en cuenta los hallazgos que los entes de control han anunciado sobre este proyecto; del que puntualmente ha afirmado la Procuraduría General de la Nación: “Ha suministrado información que presuntamente no se ajusta a la realidad”.

Aunque EPM continúa asegurando que este año entregará la primera fase de la obra, a la fecha, no ha podido otorgar la mínima claridad acerca de la estabilidad del proyecto, que en caso de no entrar en operación, le produciría al país un faltante energético por el compromiso que adquirió Hidroituango de entregar 2.482 gw anuales a partir del 2021.

La nueva dinámica que plantea la entrada de EPM a esta subasta ha hecho que empresas del sector, con toda la razón, hayan decidido abstenerse de participar en la convocatoria asegurando que resulta incoherente que EPM esté en una convocatoria que fue abierta para suplir una posible falta de suministro de energía generada por su incumplimiento.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) manifestó esta semana su preocupación debido a que las posibilidades que tiene EPM de ganar la subasta son muy altas y en ese caso el sistema eléctrico nacional podría verse gravemente expuesto a situaciones adversas debido a los riesgos y la inestabilidad del proyecto de Hidroituango, del que aún se desconocen importantes informes, como el estado en el que se encuentra el cuarto de máquinas, lugar en donde están ubicadas las turbinas generadoras de energía.

No podemos permitir que EPM siga sumando más compromisos incumplidos a su lista. El Gobierno Nacional debe impedir que se ponga en riesgo la estabilidad energética y ser coherente en esta subasta, para la que exigimos reglas claras. Aquí no se está ofertando cualquier cosa, nos estamos jugando el abastecimiento energético del país, un asunto que no debe ser tomado a la ligera ni servir para calmar los caprichos de una sola empresa.

En la Costa ya estamos en aprietos por el incumplimiento de Hidroituango a Electricaribe, la cual confiaba en adquirir energía a precio competitivo y hoy se enfrenta a las dificultades propias de comprar energía en bolsa. Es un despropósito que sin garantía alguna, EPM se presente a esta nueva subasta y que por su ambición siga afectando más a los colombianos.

En mayor medida, los municipios ribereños del Caribe, han padecido el impacto de la mala planeación de la hidroeléctrica, teniendo que reubicar las fuentes de captación del recursos hídrico para los acueductos locales. Recordemos que el proyecto inició su tragedia cuando aceleraron las obras para no perder los incentivos por retrasos en su entrega. Hasta cuando le seguirán apostando los gobiernos de Colombia a la generación hidroeléctrica, cuál es el miedo a adoptar lo que en el resto del mundo ha sido un éxito. Terquedad o mafias?