La desenfrenada escalada de precios en los productos y servicios básicos amenaza con asfixiar la economía de las familias colombianas, que ya resienten la carestía. Ante este panorama de incertidumbre y preocupación, es más que urgente concretar una agenda económica gubernamental, que defina acciones y medidas para revertir los fuertes efectos de la inflación en Colombia.
Teniendo en cuenta que históricamente en los primeros meses del año suelen presentarse los mayores incrementos en los productos de la canasta básica y los servicios públicos, se hace necesario atajar la inflación con decisiones oportunas. ¿Hasta dónde va a llegar la carestía en este primer trimestre del 2023? Es la duda que nos asalta, en medio de una coyuntura de pesimismo mundial. Recuperar la estabilidad de los precios y lograr reducciones significativas, en el caso del servicio de energía eléctrica, son asuntos que no dan espera.
Hace unos días, la Junta Directiva del Banco de la República aumentó en 100 puntos básicos la tasa de interés que pasó del 11% al 12%, el octavo incremento que se realiza este año, mientras que la economía no da señales de estabilización. Con una inflación que durante el 2022 alcanzó 11,72%, siete puntos más que en 2021, y un índice de precios del consumidor (IPC) ubicado en 12,53%, cada vez se golpea más a las familias vulnerables, que ven evaporados sus ingresos.
Hasta ahora las políticas económicas implementadas poco han contribuido para reducir el elevado costo de vida del último año. Por otro lado, las nuevas propuestas del Gobierno para desindexar del cálculo de inflación y del aumento del salario mínimo, los productos y bienes y servicios de la canasta básica, pareciera una utopía. Una medida con buenas intenciones, pero que desconoce la realidad del momento.
Sin bien son varios los factores coyunturales que han influido en la devaluación del peso, una de las monedas de la región con mayor depreciación frente al dólar este año, la desconfianza en el mercado frente a la nueva política económica ha contribuido a su desvalorización. En este contexto, es clave recuperar la confianza de los industriales, empresarios y consumidores, que viene minada por la carga adicional de impuestos que llegará con el 2023 y la incertidumbre ante las nuevas reformas que se esperan para los próximos meses.
A toda costa hay que evitar que se le siga restando dinamismo a la economía y que detone una nueva crisis social. Un estudio realizado por investigadores del Banco de la República, demostró que la alteración en el comportamiento de las alzas de precios de alimentos coincide con el inicio de los bloqueos viales por el paro nacional, y no por la devaluación de las monedas, los excesos de lluvias, ni por las importaciones de insumos y exportaciones de alimentos en Colombia. Está comprobado que los estallidos sociales son catastróficos para la economía, que en nuestro caso aún siente los efectos.
Definitivamente, el 2023 será un año desafiante en materia económica. En estos momentos de enorme dificultad, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que defina nuevas medidas que conduzcan a bajar el precio de los alimentos y los servicios, de tal manera que no se siga afectando el consumo de las familias más vulnerables y deteriorando su calidad de vida. Sabemos que no existe una fórmula mágica, por ello demandamos del ejecutivo, mayor eficiencia y decisión en torno a los retos de la inflación.
