Si algo hemos aprendido en medio de la actual crisis energética es que el despliegue de las renovables es una tarea que no da espera. Contar con una clara política de transición energética es un asunto que debe ser definido cuanto antes, para dar paso a la ejecución y el desarrollo de nuevos proyectos de generación sostenible que continúen la ruta ya iniciada, así como también contribuir al mejoramiento de los procesos actuales.
La semana pasada, en el marco de la COP 27 en Egipto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, anunció los “Diálogos sociales para definir la hoja de ruta de la transición energética en Colombia”, un documento que marca el inicio de un complejo y denso cronograma para alcanzar lo que han denominado “una transición energética justa”. El plan, trazado para desarrollarse en unos seis meses, genera muchas inquietudes en un sector que no ve claridad en los discursos de los líderes del ejecutivo.
Si tenemos en cuenta que en Colombia este tipo de procesos de participación ciudadana siempre sufren algunos retrasos, estaríamos hablando de todo el primer año del gobierno actual sin una ruta clara, con un sector menguado por las dudas. Es loable que los anunciados diálogos tengan un alto componente de participación social, que sin duda es indispensable en la discusión, pero ¿En dónde queda el tecnicismo que se requiere para lograr una transformación responsable del sistema energético?
Sería un grave error invisibilizar y no tener en cuenta los avances normativos y de política pública que dejaron los gobierno anteriores, con la consolidación de documentos como el Conpes 3934 de 2018 de Crecimiento Verde; la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia; el decreto 1476 de 2022; el Conpes 4075 de 2022; la Hoja de Ruta de Energía Eólica Costa Afuera; y por supuesto las leyes 1715 de 2014, 2099 de 2021 y 2169 de 2021. Este debe convertirse en el punto de partida.
Expertos coinciden en que suspender la exploración y explotación de yacimientos no convencionales atenta contra la seguridad energética y las finanzas públicas del país. Para lograr una conversión confiable y sostenible hacia las energías renovables hay que seguir potenciando los recursos de crudo y gas con el propósito de contar con energía de respaldo e ir ampliando la canasta exportadora. Tiene razón el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuando dice que: “Hay que hacer las cuentas minuciosamente”. Se tienen que escuchar estas voces.
enerTener claro el costo del cambio energético en Colombia es crucial para evitar un desbalance y sus nefastas consecuencias. Uno de los grandes desafíos y aspectos más complejos que enfrentan los desarrolladores a la hora de materializar los proyectos de fuentes renovables no convencionales, es el financiero. Por ello, garantizar la estabilidad macroeconómica y jurídica con reglas claras de juego es definitivo.
Para alcanzar nuestros propósitos de desarrollo bajo en carbono, se deben plantear medidas realistas y aterrizadas que vayan en el sentido de impulsar el crecimiento sostenible de la economía nacional, respetando los periodos de transición. Hacemos un llamado a la ministra de Minas y Energía a tener mucho cuidado y ser prudentes con la nueva política energética que se plantee en el país. Tenemos sólidas bases para seguir impulsando el desarrollo de las energías limpias, no podemos quedarnos estancados en las conversaciones y las consultas, hay que avanzar sobre lo construido.
Publicada en: La República