La devastadora crisis humanitaria que hoy desangra a Colombia es el resultado de un diagnóstico fallido sobre la dinámica del conflicto armado. Bajo el paraguas de la 'Paz Total', el gobierno de Gustavo Petro se quedó atrapado entre una retórica romántica y una realidad territorial aterradora que produjo una desconexión donde el diálogo con los grupos armados terminó siendo la coartada perfecta para el repliegue de la autoridad. Este vacío de poder permitió el recrudecimiento de la violencia contra la población civil que, una vez más, vuelve a ser el botín de guerra.
En departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander (Catatumbo), Valle del Cauca y Arauca, la 'Paz Total' no se lee como una oportunidad de reconciliación, sino como una claudicación institucional que las mafias han sabido capitalizar con cinismo. Este vacío de autoridad ha sido el caldo de cultivo ideal para que los grupos armados y las estructuras criminales se expandan y consoliden, dejando a miles de familias colombianas atrapadas en un bucle de terror que parece no tener fin, con las consecuencias más severas del conflicto: desplazamientos forzados, confinamientos, pérdida de sus medios de subsistencia y una permanente vulneración de sus derechos fundamentales.
El balance que Human Rights Watch emitió a comienzos de este 2026 no deja espacio para el beneficio de la duda: el 2025 quedó marcado como el año de la crisis humanitaria más feroz de la década. Es un diagnóstico lapidario que termina de hundir la narrativa de la 'Paz Total'. Para HRW, el fracaso no fue un accidente, sino la consecuencia directa de una improvisación que, bajo el disfraz de ceses al fuego, terminó regalándole a los grupos armados un control social sin precedentes. Mientras el Gobierno insistía en la diplomacia de salón, en las regiones se consolidaba una dictadura del fusil que la institucionalidad simplemente dejó pasar.
Las cifras de 2025 son una bofetada de realidad: el desplazamiento masivo se disparó un 53%, dejando a más de 79.500 personas en el desamparo, mientras que en regiones como el Chocó y el Catatumbo el confinamiento se volvió una condena histórica que triplicó los peores registros de años recientes. Para Human Rights Watch, el diagnóstico es demoledor: la 'Paz Total' se hundió al priorizar el diálogo con cuanto grupo criminal aparecía en el mapa, pero sin una estrategia de seguridad que pusiera freno al horror. El resultado de esa omisión es una tragedia humana donde el reclutamiento infantil creció un devastador 81% y los líderes sociales siguieron cayendo bajo las balas, dejando a la Colombia rural a merced de una violencia que, por estar más fragmentada, se ha vuelto mucho más letal.
Ante este escenario, el país no puede permitirse que la violencia siga escalando sin freno. Los candidatos presidenciales deben explicarle a los colombianos cómo piensan arrebatarle el control territorial a las mafias y qué medidas proponen para que el Estado deje de ser un fantasma en las regiones. La seguridad y la protección de la vida tienen que dejar de ser accesorios de campaña para convertirse en el eje innegociable de la agenda política. Mientras tanto, el Gobierno Nacional debe priorizar esta grave crisis humanitaria para que no siga cobrando más víctimas. Es fundamental revestir de autoridad a la Fuerza Pública y fortalecer su capacidad para arreciar la ofensiva contra los grupos armados ilegales que hoy amenazan a las comunidades. En este punto, el camino pasa por hacer valer la legitimidad de nuestras instituciones, restablecer el orden en el territorio y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población civil.
