Con toda razón las empresas generadoras le están haciendo el feo a Air-e. Nadie quiere arriesgar la caja vendiéndole a una comercializadora que está en cuidados intensivos, asfixiada por deudas y con un recaudo que no levanta cabeza. Seguir por este camino es jugar con fuego: si el eslabón financiero se rompe, lo que se viene abajo es la estabilidad del sistema eléctrico y el suministro en la región Caribe.
Expertos y gremios no han dejado de insistir en lo mismo: el hueco de Air-e es un agujero negro. Con una deuda que supera el billón de pesos frente a las generadoras y un pasivo total que ronda los $1,6 billones, la desconfianza es justificada. En el sector ya nadie quiere heredar ese riesgo; venderle energía a la empresa hoy no es un negocio, es una apuesta con las cartas marcadas por la incertidumbre del recaudo.
A corte de julio de 2025, el agujero financiero de Air-e ya rozaba los $3,6 billones, una cifra que asusta no solo por su tamaño, sino por su ritmo de crecimiento. Lo más alarmante es que unos $1,7 billones se acumularon precisamente bajo la vigilancia de la intervención del Gobierno, lo que deja serias dudas sobre la eficacia de la medida. Con un 88 % de estas obligaciones concentradas en el mercado mayorista, los generadores están cargando con un muerto financiero que cada vez pesa más sobre las compañías.
El panorama se vuelve crítico con los retrasos en los pagos que el Estado debe realizar por concepto de subsidios y otros compromisos financieros. Con una deuda que escala a los $2,6 billones en el sector eléctrico y sobrepasa el billón de pesos en gas, la liquidez de las empresas está contra las cuerdas. El sector hoy sobrevive poniendo de su propio flujo de caja para cubrir los huecos que deja el Estado, una dinámica insostenible que termina por marchitar la inversión y pone en riesgo la continuidad del servicio en un momento de extrema vulnerabilidad energética.
El desfile de cinco agentes interventores desde septiembre de 2024 es la prueba reina del caos que vive Air-e. Esta inestabilidad no solo frena cualquier solución de fondo, sino que ya puso a la Procuraduría en estado de alerta. El Ministerio Público le ha jalado las orejas a la Superservicios, exigiéndole cuentas claras sobre cómo piensa rescatar a la empresa, pues las explicaciones dadas hasta ahora han sido vagas e insuficientes. Lo que más preocupa a los entes de control es que, entre tanto cambio de mando, no hay una hoja de ruta coherente ni trazabilidad en las decisiones. Por eso, la orden es tajante: la Superintendencia debe demostrar si de verdad existe un plan estructurado o si la intervención está navegando a la deriva.
En este punto, lo que está en juego es la estabilidad de todo el sistema eléctrico de la región Caribe. Air-e no puede seguir siendo un barril sin fondo que se alimenta de deudas y de una intervención sin brújula. No hay margen para más incertidumbre: el sector exige definiciones claras que resuelvan de manera estructural los problemas de la empresa o que planteen un corte definitivo. Si no se atiende cuanto antes el creciente problema, el golpe final no será para los generadores, sino para la gente que verá cómo su estabilidad eléctrica se desvanece por falta de decisiones a tiempo.
