Con una inflación imparable que sigue ampliando la enorme brecha de inseguridad alimentaria, afectando a millones de familias colombianas, se hace vital priorizar la lucha contra la desnutrición en el país. Para ello, urge contar con los mecanismos adecuados que permitan establecer una política pública coherente para responder y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, como lo son la alimentación adecuada y la protección contra el hambre y la desnutrición.
En este sentido, los congresistas de la bancada del Partido de la U, radicamos el pasado 20 de julio una iniciativa que establece de manera expresa disposiciones jurídicas que permitirán al Gobierno Nacional reconocer la importancia debida a la garantía de la seguridad alimentaria para la población, al tiempo que a través de la consagración constitucional de esta prerrogativa fundamental otorga herramientas que le permitirán a la ciudadanía ser veedora y exigir el cumplimiento progresivo de la garantía de uno de los derechos más básicos y esenciales: el poder alimentarse dignamente.
El último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), acerca de la inflación del pasado mes de agosto, que alcanzó una tasa de 10,84%, en su mayoría jalonada por los precios de los alimentos, enciende las alarmas para los meses siguientes. Al estar ante la cifra más alta desde abril de 1999, cuando la variación anual se ubicó en 11,17%, el incremento en el costo de vida amenaza el aumento de pobreza extrema, limitando mucho más el acceso a la comida.
Los altos índices de desnutrición y las escalofriantes cifras de muertes por esta causa, especialmente en la población infantil, dan cuenta de una dolorosa realidad que acecha sin contemplaciones en el país. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Colombia se encuentra entre los 63 países con mayor número de personas desnutridas.
Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va de 2022, 137 niños menores de cinco años han muerto por desnutrición, y los casos van en aumento si se comparan las cifras de niñas y niños afectados por la malnutrición aguda y leve durante el mismo periodo epidemiológico del 2021 cuando se habían notificado 5.494 casos, y este 2022, que lleva registrados 8.710. Situación que es más grave para los menores indígenas, donde 30 de cada 100 menores presentan este problema.
Para hacer frente a esta alarmante realidad, con el proyecto de acto legislativo de “Derecho a la Alimentación” (001 de 2022), buscamos la modificación del artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, elevar a rango constitucional los derechos a la alimentación y nutrición adecuada, y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición, promoviendo, además, condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional. De esta manera, se pretende dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que el Estado colombiano ha adquirido y que se encuentran en completa consonancia con lo consagrado en el ordenamiento interno en virtud de lo establecido en diversas disposiciones constitucionales y en particular con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991.
Como coautor y ponente de esta iniciativa, voy a insistir para que se priorice esta problemática en la agenda pública y se saque adelante el proyecto de acto legislativo 001 de 2022, que estamos seguros, contribuirá de manera positiva en la lucha contra la desnutrición. El Gobierno Nacional tiene la obligación de asistir y proteger a los colombianos, pero entre todos tenemos que ganarle la pelea al hambre.
