El incremento en las tarifas de energía no es solo en la Costa Caribe. En España y otros países de Europa, los costos están disparados pese a que los aumentos son subsidiados. No hay ningún experto del sector que prevea que las tarifas de energía vayan a bajar. La pregunta es: ¿Cuánto tiempo va a durar esta tendencia?
Las causas de estos aumentos, en el contexto nacional, las podemos resumir en tres. La primera es el incremento significativo en la variación del Índice de Precios al Productor (IPP), que es a juicio de los expertos el indicador que más ha incidido en el aumento, durante este año ha alcanzado 18,71%. Es importante recordar que a este índice están atados los cargos de Generación (G), que representan 30%; de Transmisión (T), correspondientes a 12%; y de Distribución (D), equivalentes a 40%.
Como tal, no hay norma que ate el cargo de Generación al IPP, es más una cuestión de costumbre, teniendo en cuenta que la mayoría de los contratos son a largo plazo y justamente pretenden proteger el suministro continuo y confiable del servicio. A diferencia de la Generación, los cargos de Transmisión y Distribución se actualizan por el IPP con fundamento en las resoluciones 11/2009 y 15/2018, respectivamente. Por su parte, el cargo por Comercialización (C), que representa entre 15% y 20%, se ve afectado por el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
El segundo factor que presiona el alza en las tarifas de energía a nivel nacional, es el retraso en la entrada en operación de Hidroituango, que debió darse en 2018. Para este año se espera el inicio del primer generador, sin embargo, la nueva fecha ha sido aplazada dos veces. En columnas anteriores nos hemos referido al tema del incumplimiento de EPM, que rompió con el esquema del mercado, afectando los contratos de largo plazo y demostrando la ineficiencia del cargo de confiabilidad, así como también el fuerte impacto que produjo en los comercializadores, a quienes les tocó acudir a contratos de corto plazo con un precio de bolsa volátil.
Por último, el tercer factor corresponde a los altos precios, a nivel mundial, de los hidrocarburos. La guerra en Ucrania ha tenido un efecto en el comportamiento de los combustibles fósiles al alza. El aumento en el costo del gas importado que usan algunas térmicas, y el desbalance y los altos costos del carbón, se reflejan en un crecimiento del componente de generación en la tarifa final del servicio. Lo anterior, se traduce en un mayor precio Kw/h para los bolsillos de los usuarios, y, colateralmente, que los recursos dispuestos para cubrir los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, no sean suficientes, lo cual pone en calzas prietas a los comercializadores.
Este nuevo Gobierno tiene tareas urgentes e inaplazables, entre ellas: ajustar el presupuesto para los subsidios de energía y gas, cubrir el déficit de este año, y para 2023 aumentar los rubros correspondientes en el proyecto de ley Anual de Presupuesto; así como, poner a funcionar a la Superservicios, entidad que debe verificar el cumplimiento efectivo de los artículos 87 y 94 de la Ley 142 de 1994, para exigir que los contratos con los generadores reflejen realmente la realidad económica; y también, tomar medidas para controlar las presiones inflacionarias derivadas de los precios del servicio de energía.
Publicado en: La República
