Con los documentos técnicos de insumos para la firma del Pacto Casa Grande Caribe y el debate que se inicia a partir de ellos deben acabarse las excusas para el simplismo que ha venido caracterizando a la mayoría de las campañas para la Presidencia de la República cuando se abordan las demandas y programas para esta región.
Son cinco asuntos concretos para conservar y transformar vida (nutrición, agua y alcantarillado, salud, educación y finanzas públicas territoriales) con sus diagnósticos y propuestas que cada campaña puede asumir o cuestionar desde su ideología o compromiso.
Partimos de un consenso regional de atraso histórico con apertura de brechas progresivas desde hace un siglo, cuando teníamos un ingreso per cápita ligeramente mayor que el promedio nacional, y hoy tenemos algunas subregiones, como Sucre, con ingreso que es la mitad del promedio nacional.
Hoy se mueren en el Caribe la mitad de todos los niños de Colombia por desnutrición, siendo que solo tenemos el 21% de la población nacional. Solo se ha cumplido el 8% en jornada única cuando la meta era del 30%. La región tiene la mayor tasa de analfabetismo del país. Las muertes son en su mayoría por enfermedades prevenibles. La mitad de la población caribe carece de alcantarillado. Y pudiéramos seguir citando cifras lacerantes pero no es mi objetivo esta vez.
Firmo el pacto porque constituye un nuevo paso en una tarea de justicia social que hemos emprendido y que muestra resultados pero que son insuficientes. Por ejemplo, el actual Plan de Desarrollo contiene como estrategia especial para el Caribe la eliminación de la miseria. El pacto le da ahora contenido más concreto a ese objetivo y le pone plazo.
Causa tranquilidad cuando los estudios de los tanques de pensamiento de la región señalan que se requieren 16.5 mil millones de dólares para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 en esos cuatro sectores priorizados y que se tienen estimativos de ingresos por 44 mil millones de dólares en el mismo periodo en el Caribe si se suma el esfuerzo fiscal propio y la contribución nacional, luego es cuestión de voluntad política para acceder a los recursos y dosificarlos en el gasto con criterios de igualdad y justicia.
Es cuestión de voluntad política que haya mejor manejo en la gestión pública territorial, no solo en materia de corrupción administrativa sino de efectividad y pertinencia con prioridad al desarrollo humano, como debe ser.
De manera que no solo la dirigencia política tiene tareas por cumplir, que debemos asumir sin atenuantes por la naturaleza del ejercicio de servidor público, sino también el empresariado, la sociedad civil y la academia con sus obligaciones en materia de responsabilidad social.
Un pacto tiene sentido si hay seguimiento responsable. El Congreso es estadio natural por las responsabilidades que tiene de control político y el origen de las fuerzas que las integran, que es territorial y de partidos. Pero es preciso un monitoreo técnico, respetable, actualizado en su información, que sirva de soporte para los debates. En eso tenemos más juiciosos. Pero más adelante retornamos al tema.
Lo urgente ahora es que las campañas presidenciales den respuestas a las estrategias sugeridas y a los recursos que se requieren con compromisos verificables. Que se salgan algunas campañas del simplismo estigmatizante a lo caribe con argumentos muchas veces fariseos. La verdadera unidad nacional impone que se consideren las disparidades y que las brechas tienen que cerrarse de veras, no con discursos oportunistas de ocasión.
