El termómetro no da tregua en la Costa Caribe y el disparo en el consumo de energía, una consecuencia apenas lógica, ya tiene en jaque la frágil infraestructura eléctrica. Esta ola de calor desnudó, más pronto de lo previsto, las costuras de un sistema que lleva años operando a media marcha entre la desinversión, la ineficiencia y la incapacidad de responder a crisis extremas. El colapso nos agarró mal parados: con las dos comercializadoras de la región asfixiadas financieramente y una demanda desbocada que hoy amenaza con arrastrar a todo el Sistema Interconectado Nacional.
Las señales del colapso se están manifestando en la región Caribe con apagones diarios, bajones de luz y transformadores explotando por la sobrecarga. El espejo de esta crisis es el municipio de Galapa en el Atlántico, donde sus habitantes llevan días lidiando con cortes eternos por cuenta de una Air-e intervenida que no ha podido paliar la crisis que apenas empieza. La indignación en las calles es total: la gente ya no solo protesta por los electrodomésticos quemados o el comercio paralizado, sino por la asfixia cotidiana. Lo alarmante es que este cóctel de calor y desespero amenaza con desbordar el orden público, justo cuando el fantasma de un fenómeno de El Niño, cada vez más severo, asoma en el horizonte.
La advertencia de la comercializadora sobre la sobrecarga de la capacidad instalada y la urgencia de desviar carga desde otras subestaciones deja claro que las redes no aguantan el impacto de las altas temperaturas. Sin embargo, reducir la crisis al factor climático sería una lectura perezosa. El colapso actual tiene raíces más profundas: años de desidia estatal e inversiones postergadas. Lo grave es que, frente a este escenario, la respuesta del Gobierno central no pasa de la retórica y los parches provisionales, dejando que la crisis social y energética camine sin freno hacia el abismo.
Lo que Air-e en los últimos años ha llamado "mantenimientos programados" nunca fue otra cosa que un racionamiento disfrazado. Hoy la situación es insostenible y el colapso es tan evidente que a la empresa y al Gobierno ya se les hizo imposible seguir tapando el sol con un dedo. La falta de inversión estructural en la red eléctrica le está pasando, otra vez, una factura impagable al Caribe.
El balance de la intervención de Air-e por parte del Gobierno es paupérrimo. La infraestructura eléctrica sigue en el abandono por falta de inversión y, para colmo, el gobierno continúa acumulando retrasos en el giro de subsidios, asfixiando las cuentas de los demás eslabones de la cadena energética. De esos dineros, hoy atrapados en la inacción oficial, depende que el país no caiga en un apagón generalizado y en el inevitable estallido social que este traería. El tiempo se agotó. Se necesitan decisiones de fondo hoy.
Garantizar la estabilidad del país y proteger el bolsillo y la tranquilidad de los ciudadanos es la obligación primera del Gobierno nacional. Por eso, el Estado no puede seguir mirando hacia otro lado: urge una intervención inmediata para frenar en seco la amenaza de apagones masivos y racionamientos en el Caribe. Si el sistema colapsa y la región queda a oscuras, la culpa será única y exclusivamente del Ejecutivo por su miopía y falta de prevención.
