No es un tema nuevo el rechazo generalizado que generan los peajes. Los aumentos en los cobros y las instalaciones de más casetas son motivo constante de protestas, durante todo el año, por parte del sector de los transportadores y de las comunidades, quienes se sienten afectados con los cobros de estas tarifas, en algunos casos excesivamente altas e injustificadas.
Los datos oficiales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), indican que en las carreteras de Colombia hay 168 casetas, 34 de ellas a cargo de esta última entidad, y el resto manejadas por privados a través de las concesiones viales. Una cifra que nos ubica entre los países con más casetas del mundo, que además se caracterizan por sus altos costos. Por ejemplo, el peaje del Túnel de Oriente, que une a Medellín con el municipio de Rionegro, este año se fijó en $19.300 para vehículos categoría 1.
El malestar suscitado por los aumentos en este 2022, es razonable en varios casos. Uno de ellos es el que se viene presentando en la caseta de la Mesa de Los Santos, Santander, en donde los habitantes de la zona llevan años denunciando el incumplimiento del concesionario que mantiene las vías en pésimo estado. O la situación que se alerta en municipios de Antioquia, como Barbosa, por incrementos cercanos al 30% en los peajes Trapiche y Cabildo, muy por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que se situó en 5.62%.
En Atlántico, la controversia se centra principalmente en el excesivo número de peajes que hay. Por hechos como la ubicación de casetas a menos de 30 kilómetros de distancia, la población, los camioneros y las autoridades locales se han unido en un fuerte rechazo a nuevas instalaciones. A esto se suma la escasa socialización con la comunidad, de varios proyectos que pretenden ubicar en las vías del departamento, situación que ha profundizado la negativa de los ciudadanos, que sienten que se les grede e impone. Mientras avanzan los anuncios de los porcentajes a aumentar por las distintas concesiones, en el Meta, Antioquia, Santander, Tolima, Bolívar, Atlántico, y otros departamentos, ya se han presentado y anunciado protestas de usuarios, que aducen que los altos cobros y la instalación de nuevas casetas les producirán afectaciones económicas y como resultado una disminución de competitividad. En este panorama, preocupa el anuncio de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sobre la instalación de 18 nuevos peajes de aquí a 2023.
No se trata de generar un rechazo al sistema de cobro de peajes en nuestro país, ni de desconocer el gran aporte que ha realizado el modelo de concesiones con la modernización de la infraestructura vial. Lo que queremos es que no se siga afectando el bolsillo de los colombianos con aumentos desproporcionados en tarifas de peajes, o la creación de más casetas, sin consultar a las comunidades, ni tener en cuenta las distancias.
Colocarles la lupa a los peajes con una exhaustiva revisión a la actualización de las tarifas y al cumplimiento de los compromisos de cada consorcio, con el mantenimiento y operación de las vías, es fundamental para devolver la confianza a los usuarios. Exigimos que la información siempre sea pública y transparente, que se le siga apostando al desarrollo, la generación de empleo y la dinamización del aparato productivo sin abusos.
Publicado en: La República
