En varias ocasiones he llamado la atención sobre lo inconveniente que resulta para el país; la construcción de una planta Regasificadora en el Pacífico. Importar gas natural no solo es innecesario, teniendo en cuenta las reservas probadas con las que contamos actualmente, sino que además va en contravía con el proceso de recuperación económica en el que nos encontramos, debido al impacto que generaría el incremento este servicio en las familias colombianas.
Sorprende que aunque distintos actores de la sociedad civil, expertos del sector, líderes de opinión, la DIMAR, empresas productoras de gas y algunos servidores públicos, hemos alzado nuestra voz para anunciar los impactos peligrosamente negativos que conllevaría la puesta en marcha de este proyecto para el país, no hemos sido escuchados.
Detrás de esta multimillonaria obra parece que existiera una perversa motivación por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) para continuar a toda costa con un proceso sin sustento técnico, de espaldas a los colombianos y, especialmente, desconociendo las grandes repercusiones en la economía colombiana, más aún en plena fase de reactivación.
Luego de la entrada en operación de esta planta, Colombia dejará de percibir un gran porcentaje de las regalías que recibe hoy por parte de la industria nacional, dejará de generar empleos locales y, quizás lo más grave; este proyecto generaría un incremento absurdo e innecesario en las facturas de gas para los hogares, las pequeñas y medianas empresas, así como para las grandes industrias.
Entonces, ¿Cuál es el negocio y para quién es? Vamos a ser nosotros los colombianos quienes paguemos la construcción y operación de esta planta regasificadora durante 15 años, mientras que las ganancias las recibirá un privado sin asumir ningún riesgo. Los usuarios pagáremos alrededor de 350,000 millones de pesos anuales (de esto 42.000 millones de pesos deberán ser asumidos por el estrato 1 y 2 cada año) aún cuando la planta no se utilice, es decir, el riesgo es enteramente nuestro, desde los ciudadanos de estratos bajos que han estado tan golpeados por la pandemia, hasta Ecopetrol que es el mayor consumidor de gas en el país.
Por eso, nos seguimos preguntando: ¿Qué pasa con la UPME?. Según un estudio contratado por esta entidad en el 2018, no se requerirá dicha regasificadora hasta el 2030. ¿Por qué sacarla ahora con tanta urgencia? Sabiendo la difícil situación que estamos pasando los colombianos. ¿Por qué nos quieren poner a pagarla? ¿Se convertirá esta planta en un nuevo elefante blanco?.
Existe consenso nacional e internacional de los expertos que Colombia es un país con potencial en recursos de gas suficiente para las generaciones venideras. Solo las reservas probadas actuales del país en yacimientos convencionales alcanzan para abastecer la demanda residencial de gas por casi una década más. En ese sentido, las medidas tomadas por el gobierno deberían estar enfocadas a tener tarifas eficientes para los consumidores de gas y a preservar el autoabastecimiento del país, y en últimas, en caso de ser necesario dicho proyecto en unos años se ejecute con la inversión de aquellos que realmente vayan a consumir el gas importado de esta planta.
