Aparte de la incalculable afectación ambiental, social y económica de Hidroituango, entre los graves pecados de esta fallida megaobra, también se encuentra ser el gran culpable de los altos precios de la energía en la Costa Caribe, un perjuicio para esta región, que muchas veces no está incluido en el inventario de los daños causados por los errores del proyecto.
La no entrada en operación de Hidroituango en la fecha pactada, incumpliendo el compromiso de aportar el 26% (3.460 GWh) de la demanda de energía en la Región Caribe para el 2019, produjo aumentos injustos y desproporcionados en los recibos de los usuarios de la Costa, quienes llevan años padeciendo por el pésimo servicio y el abuso sistemático que se presenta en las tarifas.
Al no tener cubierto el mercado con contratos de energía firme, para asegurar el suministro de energía en los siete Departamentos del Caribe, la extinta Electricaribe tuvo que someterse a la manipulación y especulación de las generadoras, que como es costumbre abusando de su posición, aprovecharon la necesidad que tenía la empresa de comprar energía en bolsa para venderla a precios inflados que con el tiempo fueron aumentando de manera inorgánica, alcanzando oscilaciones entre los $257 y $500 Kw/h.
La desventaja en la que se encuentran los usuarios de la Costa Caribe por tener una alta exposición en Bolsa, que los somete a repentinas alzas en el servicio de energía, es producto del incumplimiento de Hidroituango, que entre otras cosas, nunca ha salido a responderle a la Región Caribe por este grave perjuicio que los ha obligado a permanecer expuestos a los precios más elevados del mercado.
Ahora que la Contraloría General de la República reveló los nombres de las 28 personas naturales y jurídicas imputadas en el proceso de responsabilidad fiscal por las fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango, entre los que se encuentran los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Salazar; se abre un nuevo capítulo en el que esperamos se determine quienes han sido los verdaderos responsables de este fallido proyecto y que además se establezca cuál es la cuantía real del detrimento patrimonial, para resarcir de alguna manera el daño causado.
En las investigaciones de la Contraloría que empiezan a salir a la luz, sorprende la presunta negligencia por parte de distintos actores que debieron velar por el correcto desarrollo de esta obra. Por ejemplo, el largo listado de posibles omisiones en el proceso que se le adelanta al exgobernador Sergio Fajardo, es verdaderamente alarmante, no solo por las precisiones y las alertas que le llegaron acerca del proyecto en ese entonces, sino también por los indicios de desatención ante las evidentes irregularidades que presentaba la hidroeléctrica.
Los informes oficiales que Fajardo recibía en los años 2012 y 2013, confirman que al entonces gobernador se le advirtió, en su momento, acerca de los problemas e inconvenientes que presentaba Hidroituango, entre ellos; el grave impacto ambiental, la falta de licencias, los retrasos, los sobrecostos y los riesgos financieros, por mencionar algunos. A pesar de las alertas que recibió, no se conocen actuaciones por parte del exgobernador para impedir que se siguieran cometiendo más desastres. Finalmente, serán las investigaciones las que demuestren su inocencia o culpabilidad.
El gran conjunto de errores que ha salido a la luz en el caso del mayor proyecto hidroeléctrico en la historia de Colombia, corresponde solo a la punta del iceberg de este enorme proceso. La deuda que Hidroituango tiene con la Costa Caribe y con toda Colombia, difícilmente será saldada.
Sin embargo, hay que evitar que la problemática aumente con un nuevo retraso en la entrada en operación de la hidroeléctrica que fue pactada para el 2022. Exigimos a EPM el cumplimiento en los compromisos de generación de energía y a los entes de control, investigaciones rigurosas que conduzcan a la condena de los responsables de este desastre.
