Con el paso de los días, la emergencia causada por la erosión en la vía Salamina – El Piñón en el departamento del Magdalena se ha ido agravando. Contrario a lo que se esperaba luego de los anuncios de intervención, la asignación de presupuestos y la llegada de maquinaria, la problemática continúa agudizándose y con ella el riesgo de un terrible desastre.
La aparición de nuevos puntos de erosión, los trabajos a media marcha, las improvisaciones, el apresurado aumento de los niveles del río, son solo algunas de las situaciones que mantienen intranquila a las comunidades ribereñas que llevan más de un año advirtiendo sobre la grave tragedia que podría causar la descontrolada erosión que se presenta en la zona.
Uno de los cuestionamientos recurrentes en medio de esta emergencia ha sido la lenta respuesta de las entidades competentes para atender la problemática generada por la fuerte erosión del Río Magdalena, que amenaza a varias poblaciones en el sector de Salamina. Tragedia que superaría en gran magnitud a la inundación del Sur del Atlántico que se presentó en el 2010, de cuyo desastre aún no termina de reponerse totalmente el departamento.
Existen muchas inconformidades e inquietudes por parte de las comunidades, respecto a la intervención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, en esta emergencia. Los reclamos que en su mayoría coinciden con la solicitud de una mayor agilidad en los trabajos de intervención de la orilla socavada, se suman a las dudas por las grandes improvisaciones en las obras, que evidencian su mal diseño y un posible detrimento de recursos que alcanzan los $3.700 millones.
Las obras para mitigar la erosión fluvial y rehabilitar la vía nacional a cargo del Consorcio Emergencia Salamina, contratado por la UNGRD, no están avanzando con la rapidez que se requiere para evitar una tragedia. Lo peor de todo es que, mientras que a paso lento intentan contener la erosión en el kilómetro 2.4, en el kilómetro 2.1 existe un segundo punto crítico, que no se está atendiendo, en el que el agua del río Magdalena llega de manera directa y con mayor fuerza, lo que podría ocasionar un nuevo colapso. Pese a que la emergencia sigue creciendo, los nuevos recursos por $10.500 millones anunciados hace semanas por el Gobierno Nacional para el dragado de la Isla El Tamarindo, siguen sin aparecer por retrasos en los trámites con el Ministerio de Hacienda.
Las alertas por la fuerte erosión que está causando la creciente del río Magdalena están encendidas en la mayoría de los pueblos ribereños, que expuestos durante este intenso invierno no dejan de mirar preocupados cómo crece el río. Los habitantes del sur del Atlántico, temen que si no se atienden correctamente los puntos de erosión que se han detectado en las orillas, puedan volver a vivir la terrible pesadilla de la ruptura del Canal del Dique.
En medio de esta alarmante situación, hago un llamado al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para que atiendan de manera inmediata, articulada e integral la grave problemática de la erosión costera en toda la ribera del río Magdalena y se busquen soluciones efectivas para evitar una catástrofe. También, solicito a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República investigar y revisar con lupa las cuestionadas contrataciones que ha realizado la UNGRD; se requiere especial vigilancia a la destinación de los recursos que se están invirtiendo en esta obra debido a que los numerosos incumplimientos en este corto tiempo, dan muestra de la falta de experiencia y planeación por parte de los contratistas, que podrían estar ejecutando el nuevo elefante blanco del Caribe.
Es inadmisible que políticos quieran beneficiarse en medio de esta emergencia, la problemática que se está presentando no debe ser utilizada, bajo ningún motivo, para fines electorales. Lo importante aquí es acabar con la negligencia, la corrupción y el abandono para generar soluciones reales que eviten una desgracia, y le devuelvan la tranquilidad a miles de familias ribereñas. Es responsabilidad del Gobierno garantizar la vida e integridad de las personas, así como también proteger nuestra biodiversidad, por ello su actuación debe ser rápida, acertada y efectiva, de tal forma que se logre mitigar las consecuencias de la erosión a corto, mediano y largo plazo.
