Un fuerte campanazo de alerta y preocupación escuchamos la semana pasada al conocerse el reciente informe de la Contraloría General de la República que evidenció la grave contaminación por eventos de derrames de hidrocarburos que está causando la Refinería de Barrancabermeja en el río Magdalena y el caño El Rosario, al no contar con un plan de contingencia actualizado de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes.

En la auditoría en la que también se incluyó a la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá, se encontró que las contingencias en la Refinería son repetitivas, tanto en su causa como en el recurso impactado y que la manera reiterativa en la que se presentan indican una carencia de medidas preventivas efectivas y aprendizaje sobre las experiencias de los eventos que año tras año se dan, demostrando una clara negligencia por parte de Ecopetrol ante la contaminación de estos cuerpos de agua.

Los 27 derrames de crudo de la refinería, registrados este año en circunstancias parecidas, han causado que las fuentes hídricas hoy contengan más de 2 millones de metros cúbicos de lodos contaminados, según indica la Contraloría. Sin embargo, el desastre ambiental podría ser mucho mayor, de acuerdo a lo que afirman ambientalistas de la zona al decir que en lo que va del año, se han presentado más de 300 derrames de hidrocarburos.

El grave impacto ambiental que está causando de manera reiterativa la Refinería de Barrancabermeja con el derrame de hidrocarburos a cuerpos de agua cercanos y el mal manejo de residuos químicos, tiene en creciente amenaza la biodiversidad de los ecosistemas cercanos a este proyecto, especialmente el río Magdalena y el caño El Rosario, fuentes hídricas que han resentido durante décadas la amplia liberación de contaminantes que genera esta refinería, afectado de manera irreversible la flora, la fauna y la salud de los seres humanos.

Como si esto no fuera lo suficientemente grave, el informe de la Contraloría señaló como deficiente, la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el caso de la Hidroeléctrica Bajo Anchicayá, haciendo un llamado de atención a esta autoridad al mencionar que el proyecto se encuentra operando por fuera de las condiciones de diseño, además de no haber incluido escenarios de riesgo mayor. El cuestionamiento a la ANLA renueva la discusión sobre la falta de control de esta entidad.

Es reprochable que la autoridad ambiental que debería defender los intereses de la Nación en cuanto a protección de la biodiversidad, se esté haciendo la de la vista gorda ante la contaminación generada por estos dos proyectos. Una vez más queda demostrada la urgente necesidad de reestructurar la ANLA, para corregir la inoperancia de sus funcionarios, así como la falta de transparencia en el licenciamiento ambiental y el deficiente trabajo que se está realizando para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental

Pedimos a los órganos de control colocarle la lupa a esta serie de incumplimientos que se han dado, por parte de las empresas y de la ANLA, con investigaciones disciplinarias que establezcan responsables. Urge ponerle un freno a la falta de control en los derrames de crudo y vertimientos de residuos que se están presentando de manera reiterativa en los distintos proyectos de hidrocarburos, que de continuar así terminarán con la degradación de nuestros ecosistemas.