La suscripción de un acuerdo para tercerizar las funciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es un hecho que ha causado gran revuelo y preocupación en el campo por el riesgo que supone entregar el desarrollo agropecuario, pesquero y acuícola del país a particulares. La privatización no solo terminaría por sepultar a esta entidad, sino también al golpeado sector agrícola de Colombia.

Este nuevo capítulo de afectación al agro colombiano, que se ha abierto con la expedición del Acuerdo del ICA 02 de 2020, el cual permite la creación del Sistema de Autorización de Terceros; entregándole a privados funciones de la entidad como: la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, está colocando en verdadero riesgo el futuro agropecuario del país.

No es la primera vez que la gerente general del ICA, Deyanira Barrero, busca tercerizar la entidad, anteriormente en este espacio de opinión ya había denunciado que la señora Barrero se encontraba en medio de una serie de decisiones turbias con la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna, de las cuales pretendía entregar su manejo a FEDEGAN, tercerizando un recaudo anual cercano a los 13.000 millones de pesos que actualmente entran a las arcas del Estado, y que bajo el esquema que proponía la directora, se reducirían en un 50% a favor de FEDEGAN.

La costumbre de firmar decretos y convenios a la ligera, ha reinado en esta pandemia. El sector del campo ha sido perjudicado enormemente por decretos como el 523 del 7 de abril de 2020, creado para eliminar de manera temporal, el pago de aranceles para productos agrícolas importados de Estados Unidos como maíz, sorgo, soya y torta de soya, un duro golpe a la producción nacional disfrazado con la promesa de mantener la seguridad alimentaria. A esta larga lista de incumplimientos y deudas con los campesinos de Colombia, no se le puede sumar una nueva afectación con la privatización del ICA.

La insistencia de la gerente Deyanira en mantener este atroz acuerdo es un hecho preocupante. Pese al llamado del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, de suspender el acuerdo por considerarlo inconveniente, la señora Barrero continúa argumentando erróneamente que este Sistema de Autorización a Terceros es una herramienta que complementa y fortalece la función de la entidad. Por lo que le solicitamos al Ministro Zea, expedir la notificación oficial para la suspensión del acuerdo, y así darle fin a esta incertidumbre.

Lo que queda claro con la suscripción y el planteamiento de este acuerdo es que la actual gerencia no está cumpliendo plenamente con su actividad misional. Los escándalos de corrupción que rodean al Instituto en todas las regiones del país, el abandono en el que se encuentran los campesinos, la centralización en la que han mantenido a la entidad desde las oficinas de Bogotá, los cuestionados nombramientos y la demostrada intención que tiene la señora Deyanira Barrero de acabar con la entidad privatizandola, son razones suficientes para buscar un nuevo redireccionamiento del instituto, en el que se trabaje por el fortalecimiento de la producción agropecuaria con la mirada puesta en el pequeño y mediano productor.

La solución para mejorar el funcionamiento del ICA no está en un acuerdo para tercerizarla, como erróneamente ha expresado su directora en los medios de comunicación. Lo que el instituto realmente necesita es una reestructuración profunda; en la que se busque el fortalecimiento de la entidad desde el trabajo en las regiones, se modifiquen los requisitos para nombrar al Gerente y demás funcionarios, que en muchos casos no cumplen con el perfil profesional que exigen sus funciones, y se oriente el trabajo hacia el restablecimiento de la confianza y competitividad del agro.

Regresar al campo es una de las mejores alternativas que tenemos para sobrevivir a esta crisis generada por la pandemia mundial, no es el momento de improvisar con acuerdos perversos que coloquen en riesgo el sector de la agricultura en el país, estamos en tiempos en los que los esfuerzos deben estar direccionados hacia el trabajo por el fortalecimiento y el desarrollo del sector rural.