Siempre he sostenido que el mayor favor que se le puede hacer a la paz de Colombia, es que todo el andamiaje constitucional y legal que la sustente debe estar libre de pecados y de errores producto de la falta de consenso y de apresuramientos.

Después de la derrota del plebiscito y lo duro que ha sido el trámite posterior del Acuerdo con las FARC, el denominado fast track se constituyó en la pieza maestra para sacarlo adelante.

Pero lo que ayer fue ayuda por la vía rápida y sirvió para restituir la confianza de la comunidad internacional y del mismo pueblo colombiano, hoy puede convertirse en un mal aliado a la hora de la implementación porque la prisa y la carencia de debates nos conducen al ligth mistake o al error por ligereza.

Soy de los primeros en respaldar el llamado del Gobierno Nacional a las distintas fuerzas políticas, incluida la oposición, para que en este periodo de sesiones extraordinarias el Congreso asuma la responsabilidad que le toca en la implementación del Acuerdo con las FARC.

Pero no por ello nos debemos precipitar a darle pupitrazos a reformas constitucionales y a la aprobación de leyes que mañana pueden representar todo lo contrario a lo que queremos en términos de paz y de institucionalidad para la reconciliación.

A las discusiones actuales respecto de la Justicia Especial de Paz, JEP, entramos con la queja de la Corte Suprema de Justicia de que no le atendieron sus propuestas ni su insistencia frente a la necesidad de que la JEP haga parte de la jurisdicción del poder judicial. En opinión de la alta corporación judicial, eso no quedó contemplado.

Al comenzar la semana pasada el debate del articulado de la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la paz, el Fiscal General de la Nación doctor Néstor Humberto Martínez Neira, produjo un documento en el que hace una serie de observaciones a la propuesta presentada por el Gobierno.

El Fiscal expresa varias alertas y entre ellas destaca que “el artículo 5 -una de las disposiciones medulares de la reforma- debe ser redactado de manera más rigurosa y técnica”.

En concepto del Fiscal General “la norma no establece claramente que los beneficios penales de la JEP deben cobijar exclusivamente a los efectivamente desmovilizados de las Farc-Ep”. El tema habría que corregirlo porque como se encuentra a la fecha, estarán incluidos los disidentes de este grupo subversivo que deben quedar sometidos a la jurisdicción ordinaria. Igual pasaría con los reincidentes.

Pertinente es lo que expone el doctor Martínez Neira cuando dice que “el artículo no aclara cuál será el tratamiento de los delitos continuados cuyos efectos se extiendan más allá del 1º. de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo definitivo de paz con las Farc”. En este contexto, “los delitos continuados en que eventualmente puedan incurrir las personas desmovilizadas, deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del 1º. de diciembre de 2016”.

Así sucesivamente encontramos en la comunicación del Fiscal reparos a la redacción del fuero presidencial, al texto que permitirá la prohibición de extradición para los guerrilleros disidentes, a la falta de claridad sobre el tratamiento de los terceros que contribuyeron al conflicto, así como a que no se fijen las competencias que tendrán la JEP y la justicia ordinaria y si la comparecencia de terceros a la jurisdicción de paz será o no obligatoria.

El Fiscal señala que “en armonía con la noción de justicia transicional, el proyecto de acto legislativo debe permitir un cierre de todas las investigaciones que se desarrollen contra las personas que se acojan a este sistema. Este punto no está previsto en la norma presentada al Congreso”.

Del mismo modo advierte que la propuesta a estudio del Congreso no desarrolla técnicamente el principio de inescindibilidad, es decir la imposibilidad de fraccionar las investigaciones, ni fija su verdadero alcance.

Dada la coyuntura en la que nos encontramos y entendiendo las posiciones esgrimidas desde diferentes sectores de la vida nacional, hago un respetuoso llamado al señor Presidente del Congreso de la República, Mauricio Lizcano, para que invite a la presidenta de la corte suprema de justicia, Margarita Cabello y al fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, para que asistan a la corporación legislativa y en debates televisados expongan ante el país sus dudas.

Denotamos entonces que tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República, tenemos ante el país y el mundo una enorme responsabilidad a la hora de implementar el Acuerdo de Paz. De no ejercerla como corresponde y si en lugar de la serenidad, la reflexión y la paciencia predominan la prisa y la ausencia de estudio, todo lo que hemos hecho en los últimos años podría irse por el despeñadero.

PD.- Continúo a la espera de la rectificación de la periodista Darcy Quinn, de Caracol radio, sobre su error al no verificar en la fuente un tendencioso informe respecto de una presunta vinculación de mi parte al caso Odebrecht, lo cual ha sido desmentido enfáticamente por la autoridad competente. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com