Los tropiezos que ha tenido el Congreso de la República para iniciar las sesiones ordinarias de este segundo período legislativo, debido a la emergencia sanitaria, han sido innumerables. Lo más preocupante de todo es que mientras se discutía si era inconstitucional o no un Congreso Virtual y transcurrían los días, el Gobierno realizaba una declaratoria del Estado de Emergencia que le confería atribuciones temporales excepcionales para expedir decretos con fuerza de ley, asumiendo facultades legislativas.

Nadie discute que la actuación del Gobierno debía ser asertiva y rápida para impedir la propagación del Covid-19 en todo el territorio nacional, en lo que no se encuentra un sano punto medio, es en que se utilice la emergencia como una oportunidad para usurpar las funciones del Congreso, especialmente cuando por la vía legislativa, en circunstancias normales, este gobierno no ha dado la talla para impulsar sus “propuestas”. Somos un país democrático en el que cada una de las Ramas del poder tiene una función definida por la constitución, que en el caso del Congreso, consiste en hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Legislativo se está quedando atrás con la falta de control político en medio de esta pandemia, ahora cuando más nos necesita el país, tenemos un Congreso disperso en la virtualidad, dejando una producción legislativa incompleta y olvidada, sin una agenda clara y una gestión a media marcha, en el que la dinámica principiante de las sesiones virtuales impide que se produzcan resultados. Esto, ha comprobado que el Congreso de la República, como está diseñado, carece de los protocolos para ejercer su poder complementario a través de plataformas tecnológicas, quedando limitado para cumplir efectivamente con sus responsabilidades como rama del poder público.

Este es el momento en el que más se necesita de la actuación vigilante y el ejercicio del control político por parte del Congreso, si tenemos en cuenta que en la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque, emitió 72 decretos legislativos, además de cerca de 80 disposiciones para hacerle frente a la pandemia por el Coronavirus, encontramos que estamos ante una desenfrenada cascada de decretos y medidas que podrían usurpar las funciones del Legislativo, sin mencionar la inseguridad jurídica en la que se ha sumido a la ciudadanía y la industria. Es indispensable la presencia activa de la rama Legislativa para mantener el equilibrio de poderes durante este estado de excepción.

Las grandes limitaciones que tenemos con un Congreso totalmente virtual son un obstáculo para ejercer un adecuado control político y lograr la correcta aprobación de proyectos de ley que urgen en el país. Si no se reactivan, cuanto antes, las sesiones de manera semipresencial, se hundirán importantes proyectos de ley como el de cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, que le faltan tres de sus ocho debates o el proyecto de ley de cigarrillos electrónicos que se encuentra en espera de su primer debate en Cámara luego de haber sido aprobado en Senado, así como muchos más que están a pocos debates para concluir su trámite. En este escenario preocupa que el Gobierno usurpando las facultades del Legislativo reglamente leyes como la de Regalías que de la forma en la que está planteada actualmente, le quitaría autonomía a los entes territoriales.

El país necesita un Congreso asumiendo todas sus funciones, no uno relegado a una pantalla permitiendo que el Ejecutivo se apropie de su labor. Es hora de ir activando de manera gradual un Congreso semipresencial, como lo han planteado varios compañeros, en el que se pueda dar una reivindicación del papel del Legislativo durante esta pandemia. Conscientes de que esta emergencia generada por el Covid-19 durará varios meses, debemos ir buscando nuevas soluciones para garantizarle a los colombianos una verdadera democracia, no podemos seguir presenciando el debilitamiento de nuestro sistema.

Continuar con un Congreso que sesiona desde la distancia es poner en riesgo la democracia de Colombia. Sería inconveniente y un grave error mantener la virtualidad total de las sesiones.