He venido insistiendo no solo desde el Congreso de la República sino desde este espacio de cavilación semanal sobre la urgente necesidad de que el gobierno reflexione sobre el rumbo que lleva y sobre la necesidad forzosa de replantear la política de Estado si lo que ambiciona es satisfacer las necesidades mínimas de los colombianos. Si el Gobierno omite esta reflexión y con ella los correctivos, inexorablemente seguirá cayendo en el abismo de la reticencia ciudadana del cual difícilmente los gobiernos se levanta.

En el último mes en América Latina: En Chile, 41 de las casi 140 estaciones del Metro de Santiago y 16 autobuses urbanos fueron quemados o destruidos en medio de protestas por el alza de 30 pesos en el precio de los pasajes del metro. En Ecuador, tras el anuncio de un eventual aumento en el precio de la gasolina, los choques entre movimientos indígenas y la policía se tomaron Quito durante 11 días resultando en la muerte de Ocho personas y la afectación de varios edificios gubernamentales. En Colombia, revelaciones sobre conductas cuestionables en varios operativos militares, y la pérdida virtual de mando en el departamento del Cauca, resultaron en la renuncia del Ministro de Defensa tras el apoyo de múltiples sectores políticos a la iniciativa de censurarlo. De igual forma en Colombia, se ha programado una marcha nacional para el 21 de noviembre a la cual se han adherido diversos sectores sociales e industriales en contra de la situación actual y el panorama nacional.

En escritos pasados he catalogado, analógicamente, a los Ministros del Gobierno de Iván Duque como islas remotas, incomunicadas las unas de otras, con una ciudadanía naufraga y a la deriva. Más allá de las abundantes buenas intenciones, lo cierto es que las decisiones tomadas en momentos críticos y situaciones de impacto social, lo que exhiben son desaciertos endémicos y la carencia de astucia política, como ocurrió con las tarifas del peaje del corredor Cartagena – Barranquilla, y la cuestionable reacción de la Ministra de Transporte ante tan importante situación para la región caribe. Patrocinar el sorpresivo aumento cercano al 35% de las tarifas en los peajes de la vía Barranquilla - Cartagena, tramo que lleva más de cuatro años en construcción y que carece de continuidad, por parte del consorcio que acaba de recibir el tramo por parte del Gobierno Nacional, adicionalmente, sin que mediara una socialización con los transportadores y habitantes de la zona, fue un error estratégico por parte del gobierno nacional. Tristemente, la “solución” que el Ministerio de Transporte ofreció a esta situación, forzado por el inmediato rechazo social y político de la medida, resultó desalentadora en su contenido y deshonesta en su tardanza.

La Resolución 0005511, expedida el 12 de noviembre, mantiene las tarifas habituales en los peajes Papiros, Puerto Colombia y Marahuaco hasta el 1o. de enero de 2020.

Abordando lo obvio, la normalización de las tarifas llegó justamente al día siguiente que se acabara el fin de semana festivo, estadísticamente con mayor tráfico vehicular entre Barranquilla y Cartagena, el puente de reinas. Con la inoportunidad, u oportunidad dependiendo de quien lo juzgue, la letargia de la medida facilitó a que el nuevo concesionario estrenara sus arcas con tránsito de temporada más un bono del 33%.

La medida, por su carácter suspensiva, es recibida como un paño de agua tibia. Para las comunidades de la zona, es un alivio presente, pero una preocupación más para el año nuevo. Dilatar el leonino aumento del valor de los peajes señalados solo hasta el 31 de diciembre de 2019, no deja de anunciar que después de esa fecha el valor a pagar será el del aumento exagerado de 33%. A todas luces el parágrafo que adiciona la Resolución del 12 de noviembre al artículo segundo de la Resolución No. 1378 de 2014, no debe ser transitorio, debe ser permanente y aumentar las tarifas de estos peajes, a partir del 1 de enero de 2020, en la proporción que introduzca el IPC.

Mientras que en el resto del país, las tarifas de los peajes aumentarán a comienzos de año en una proporción que no superará el Índice de Precios al Consumidor, IPC, acá en la Costa deberemos soportar, por caprichos de una administración alejada, un aumento desproporcionado. Misma vía, mismos ingresos, mismas necesidades, 33% mas de peaje.