El pasado primero de octubre, el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció la eliminación de los subsidios a los combustibles Extra, Extra con etanol y Diésel, los más baratos y más utilizados en el país vecino de Ecuador. La decisión obedeció a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proporciona 4.200 millones de dólares en ayuda para reformas, procurando lograr un ahorro de al menos 1.500 millones de dólares anuales.
Adicionalmente, el mismo día, Ecuador compartió públicamente su decisión de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en enero de 2020, debido a sus crecientes dificultades financieras.
Como reacción inmediata al anuncio de este plan de ajuste económico, conocido entre los ecuatorianos como el “paquetazo”, por promover un gran recorte en el el gasto público y un aumento en el recaudo, miles de manifestantes salieron a las calles a protestar, en su mayoría organizaciones indígenas, acumulando a la fecha: 7 muertos, más de 1300 heridos y 700 detenidos. Por más de cuarenta años, el país vecino mantuvo mediante subsidios precios bajos para la gasolina y el diésel, desencadenando, ante su eliminación, una inflación desmesurada por el alza de los precios del combustible a causa del recorte de la producción petrolera.
El plan de ajuste, optado por Moreno ha tenido fuertes consecuencias para la economía de Ecuador, además del desabastecimiento de gasolina en algunas zonas del país y el incremento en los precios del transporte urbano, hay escasez de productos en muchos supermercados y en mercados callejeros.
Aunque, para beneficio de Colombia, la eliminación del subsidio al combustible que detonó las movilizaciones en el país vecino desestimula el tráfico de gasolina ecuatoriana a departamentos como Nariño y Putumayo, donde no solo se vendían a precios más bajos sino que se destinaban al narcotráfico y la minería ilegal, la critica situación política y económica del Ecuador, sirve como advertencia de un posible, y no tan lejano, futuro para Colombia si no se atiende de manera eficaz el desabastecimiento de gas en que nos encontramos actualmente.
Quizás peco por alarmista, pero si bien ahora Colombia no está pasando por esta crítica situación, considero que es la obligación del Estado diseñar e implementar medidas de contingencia inmediatas para que el país no pierda su autosuficiencia energética, puesto que la vida útil de nuestras reservas en gas se redujo 1,9 años, pasando de tener 11,7 años de autosuficiencia en gas a 9,8 años, obligándonos a contemplar la importación de este combustible a partir de 2021.
Desde las 3 ramas del poder público debemos, como nos lo exige la Constitución Política, trabajar armónicamente, y aceptar de una vez por todas, que mientras la generación de Energía proveniente de Fuentes Renovables No Convencionales no impere la matriz energética nacional, en Colombia debemos implementar el FRACKING. El llamado que hago no es a abrir las puertas de par en par para que cualquiera pueda venir a Colombia a experimentar con esta tecnología, el llamado es a que lo Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, unifiquemos un marco normativo alrededor de los Yacimientos No Convencionales, que solo las mejores empresas puedan adelantar estos desarrollos bajo las exigencias más estrictas, procurando siempre por la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales.
Actualmente sobre la mesa no existe otra alternativa, debemos contemplar el desarrollo de los pilotos de fracking con el fin de mantener la sostenibilidad y la economía del país. Hay que evitar a toda costa que nuestro país siga por el camino actual que, inevitablemente, nos lleva hacia adversidades como las que hoy sufre Ecuador. Quedar sin reservas implicaría estar ante la necesidad de importar gas y petróleo de otros países, acarreando un grave golpe para la economía nacional y las finanzas de miles de colombianos, sin mencionar los impactos en el día a día que el alza de precios en productos como el gas, el ACPM y la gasolina traerían para los colombianos. Y de llegar a una situación como la de Ecuador, ¿Quién asumirá el costo social?.
