El acuerdo logrado la semana que acaba de concluir entre líderes guajiros y el Gobierno Nacional, resulta sin duda esperanzador, pero también muy limitado para el tamaño de los problemas sociales que tiene ese departamento y la histórica deuda del Estado con una región que nos ha aportado enormes recursos naturales y hoy convertida en la gran reserva de las energías renovables en Colombia.

El acuerdo que conjuró un nuevo paro cívico, terminó con una agenda muy corta, resumida en el compromiso de recuperar la carretera que comunica a la Guajira con el Cesar, convertida en vía de la muerte a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Villanueva, entre otros. Según los voceros del Presidente Iván Duque que concurrieron a la cita con las comunidades, los trabajos de intervención deben iniciarse este mismo mes con la promesa de terminarlos en diciembre próximo.

El otro punto consignado en el documento firmado por las partes, es el relacionado con un ligero cambio en las reglas de juego para garantizar el abastecimiento de combustibles mediante la asignación de cupos y normas para evitar o disminuir el contrabando.

Celebro que el Gobierno Nacional hubiese terminado cediendo ante las presiones de un movimiento ciudadano, integrado por gentes cansadas del abandono del centralismo, sin embargo, el esfuerzo debió rendir frutos con soluciones concretas en temas como la migración venezolana, el sistemático atraso en materia de saneamiento básico o la imperiosa necesidad de un nuevo régimen aduanero que interprete las realidades de zonas fronterizas como Maicao, municipio sumido hoy en la pobreza después del auge comercial que tuvo cuando Venezuela era solvente con la riqueza de las divisas del petróleo y sus habitantes encontraban en este municipio la mejor plaza para llevar o comprar sus productos.

No puedo pasar por alto la intervención que mantiene el Gobierno Nacional en los sectores de agua potable, salud y educación, figura que se inventó el Presidente Juan Manuel Santos en su último período con los argumentos de "acabar la corrupción" y " mejorar la calidad" con el nombramiento de funcionarios e interventores cachacos que desconocen el entorno y sus resultados son precarios.

La crisis de salud más notoria hoy, agravada el alto número de venezolanos que deben ser atendidos en los hospitales y centros asistenciales del sector público, mientras la cobertura y calidad de la educación siguen estancadas. Es decir, la fórmula mágica de Santos no funcionó y es hora de repensar la medida nombrando hombres o mujeres guajiras con solvencia moral, experiencia y preparación académica que abundan en ese departamento.

Sería muy buena señal del Presiente Duque, luego de haber sancionado y entregado a los Gobernadores la Ley de Regiones, permitirle a la Guajira que sean gentes de ese departamento los que estén al frente de sus decisiones administrativas y que organismos como la Procuraduría o la Contraloría General de la República, sean rigurosos en el manejo de los recursos públicos.

Como hombre caribe y agradecido con la confianza que miles de ciudadanos guajiros me han depositado en las dos últimas elecciones para el Congreso de la República, empeño mi palabra en promover desde el Senado la lucha para que los acuerdos se cumplan y la agenda social sea pertinente con el tamaño de los problemas de la población indígena que sigue muriendo de sed y de hambre.

Un capítulo aparte merece la crisis del Cerrejón a raíz de los bajos precios internacionales del carbón y el anuncio de sus directivas de aplazar el giro de regalías y seguramente recortar personal.