La teoría político-académica señala que una sociedad en paz entrega sus mejores propósitos y esfuerzos al trabajo por el progreso social y económico, en desarrollo de programas justos y equitativos.

De allí la importancia de haberle dado punto final a una de las páginas más tristes, dolorosas y complicadas del conflicto armado colombiano, que nos golpeó en todos los puntos cardinales durante los últimos 55 años.

Sin lugar a dudas el Presidente Santos acertó cuando priorizó e inició los diálogos con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conocida como una de las más radicales y sanguinarias de América Latina.

¿De qué nos servía mantener una guerra?, ¿Qué sentido tenía seguir dejando a la población civil y a los Héroes de la Patria a expensas de las emboscadas y los ataques terroristas?, ¿Acaso el conflicto es solo cuestión de orgullo y no de soluciones pacíficas?, ¿Era lo más aconsejable dejar que se infestara el suelo de minas antipersona en lugar de generar empleo y progreso a través de inversión extranjera y nacional?

Tengo la convicción de millares de colombianos que sienten que a pesar de haberla podido derrotar militarmente, era más saludable sentarse a dialogar con la guerrilla, silenciar los fusiles y hacer un pacto común para que en torno de la arena democrática se agitaran las ideas en procura del triunfo de las mejores.

Eso fue lo que se dio con la Mesa de La Habana en un proceso que duró más de cuatro años, que culminó exitosamente, iluminó las esperanzas colombianas del nuevo siglo y ha obtenido un abrumador respaldo internacional, en medio de elocuentes muestras de reconocimiento que ayer eran impensables.

Difícil ha sido el camino porque además de imponerse la necesidad de respeto al disenso, en el farragoso transitar de los diálogos de paz han abundado las señales de juego sucio por parte de quienes son reacios a concebir que en nuestro suelo puede agitarse el trapo blanco de la reconciliación.

Sin embargo, el proceso de paz ha soportado todo el embate posible, incluido el traspié del referendo. El asesinato de líderes sociales es otra demostración de las fuerzas contrarias. No obstante hemos tenido capacidad de reacción y actuación dentro de la juridicidad, para bien de la paz.

El Ejecutivo Nacional, el Legislativo, la Rama Judicial, los sectores empresariales, las organizaciones de trabajadores y los sectores sociales, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, hemos estado del lado del cese del conflicto en situación mayoritaria, independientemente de ciertos resultados electorales.

Es decir, somos más lo que hemos venido trabajando en beneficio de la paz y la reconciliación. Las partes en conflicto hicieron lo suyo al acordar y firmar los lineamientos de la paz.

El Gobierno ha estructurado las iniciativas para implementar el Acuerdo, el Congreso de la República ha aprobado lo pertinente, las Cortes han avalado lo que consideran ajustado a la Constitución y a las leyes. El resto de la sociedad civil es la más firme infantería en defensa de un futuro en paz, mientras la comunidad internacional nos respalda con la provisión de millonarios fondos para la financiación del posconflicto.

Al revisar, verificar, y comprobar lo que Colombia y sus instituciones vienen haciendo por la paz, me parece injustificable que las FARC pidan más tiempos para entregar la totalidad de las armas. No podemos estar con un Congreso aprobando leyes para la pacificación y una guerrilla que no da muestras de su compromiso para hacer política sin armas, si de verdad su afán es la reconciliación.

He sido permeable a mirar con detenimiento la solución de las dificultades del proceso, pero creo que no podemos seguir pensando en la ampliación de plazos para entregar el material de guerra.

Estoy del lado de la paz, pero es urgente que al primero de junio de 2017 las FARC demuestren que lo suyo ya no es el conflicto sino el trabajo político sin armas. Es hora de entregar todo el material de guerra. Por favor escríbame a jname@josename.com