Las discusiones y enfrentamientos que se han dado luego de las objeciones realizadas por el Presidente Iván Duque Márquez a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solo han servido para polarizar más a los colombianos generando una mayor tensión alrededor de la legitimidad del trabajo que se adelanta dentro de la jurisdicción especial y de lo firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016.
 
Es lamentable que algunos personajes se quieran aprovechar de esta situación para pescar en rio revuelto, la realidad es que al país no le conviene que se haga un debate alimentado por egos que están lejos de conducirlo a un buen término. Los colombianos necesitamos que se trabaje con un espíritu conciliador que busque preservar la paz.
 
El Congreso de la República debe cumplir con sus funciones tal como está estipulado en la Ley 5ta de 1992 y dar trámite formal al informe de objeciones que presente el Presidente de la República, con el fin de rescatar lo que no fue objetado de la ley estatutaria y realizar un debate de altura respecto de las objeciones dejando a un lado los orgullos, las vanidades y los caprichos que no le aportan a la discusión.

Los artículos de la Ley Estatutaria de la JEP objetados por el Gobierno son solo 6 de los 159 puntos, es decir menos del 4% del articulado aprobado por el Congreso y corresponden a los que abordan la obligación de reparar integralmente (artículo 7), la renuncia a la acción penal cuando se trate de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra (artículo 19), las competencias del Alto comisionado para la paz de revisar la lista de quienes conforman los grupos armados (artículo 63), las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar contra personas sometidas a la JEP (artículo 79), la práctica de pruebas para definir la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final (artículo 153), y la extradición de personas que ofrezcan verdad (artículo 156).

Ésta discusión que ha regresado al Congreso de la República, debe ser asumida por todos los parlamentarios como una nueva oportunidad para trabajar a favor de la paz de Colombia. Más allá de los colores y las posturas políticas de a quienes nos corresponde debatir este tema, debe estar la responsabilidad de buscar consensos alrededor de lo que hasta hoy se ha logrado en nuestro país con el acuerdo de paz.
 
Nuestra propuesta para sacar adelante el estudio y la aprobación de la JEP es que entre todos realicemos un gran pacto multipartidista en el que participe el Presidente, el Fiscal, la Presidenta de la JEP y los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Debemos lograr la aprobación y sanción de lo que no fue objetado del proyecto de ley, y paralelamente buscar un consenso sobre lo objetado y lo que se ha planteado reformar sobre el acto legislativo 01 de 2017.
 
Estamos en un momento decisivo en el que debemos actuar con sabiduría buscando la reconciliación de las ideas frente a la paz, y no propiciando discusiones estériles que pongan en riesgo su implementación y fortalecimiento. Tenemos un gran desafío y compromiso que no es otro diferente al de preservar lo alcanzado en el acuerdo de paz.