Al cumplirse los primero 180 días de la intervención de Electricaribe, actualmente con fines de liquidación, existía la esperanza de que se entregaran noticias favorables al mejoramiento en la prestación del servicio eléctrico en la región norte de Colombia, pero ni las cifras ni la gestión avanzan en ese camino.
El agente interventor por la Superintendencia de Servicios Públicos acaba de presentar un balance desconsolador, a pesar de la dosis de optimismo que se le quiso inyectar porque las cifras relacionadas pretenden aparentar que el asunto marcha bien cuando en realidad la situación sigue grave para la empresa, lo que permite inferir que al fin y al cabo se tendrá que pensar en un nuevo operador.
El balance define el proceso de intervención como “uno de las más complejos en el país”. Y tiene razón porque la irresponsabilidad que demostraron los españoles en la administración de la empresa no ofrece parangón. Tal como lo fue durante un largo periodo la desatención del gobierno nacional a este problema, lo cual hoy queda en evidencia.
Esa desatención es la que desemboca en la crisis que sufre y padece el empresariado y el pueblo de la Región Caribe, con un servicio eléctrico intermitente y vulnerable, además de costoso.
El reciente informe de gestión habla de “un proceso positivo” al mantener la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica a los más de 2 millones 641 mil suscriptores en la Región Caribe. Falso, absolutamente falso. La tal continuidad no ha existido, las quejas crecen, las protestas, las asonadas, los bloqueos de vías públicas y de carreteras, son inocultables. Con saldo de víctimas mortales, heridos y detenidos, porque la gente está hastiada de tanto abuso.
El descrédito en que ha incurrido Electricaribe por cuenta de la mala calidad del servicio y el mal manejo administrativo contradice lo que asegura el agente interventor cuando afirma que “lo más importante es que gracias a la intervención se ha evitado que la empresa pierda valor y se mantenga el servicio de energía eléctrica hasta que se encuentre un nuevo operador con músculo financiero para que realice las inversiones necesarias que mejoren la calidad del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe”. La operación de Gas Natural Fenosa terminó siendo un desastre. Si no creen, revisen lo que acaba de pasar con el servicio eléctrico en cuatro países de América Central en donde invertía GNF. Tuvieron un colapso eléctrico de una magnitud que aún es incuantificable. Lo mismo que le pasó a GNF en nuestra Región.
Dos párrafos del balance de los 180 días de intervención hablan por sí solos de la tragedia empresarial llamada Electricaribe. Por un lado dice: “Para el caso de las pérdidas de energía, es decir aquella que es hurtada o se pierde por las malas condiciones de la red de distribución, esta fue incrementando a través de los años. En 2013, 15,70%; 2014, 16,37%; 2015, 16,43% y en 2016 alcanzaron el 17,08%. En cuanto al cobro, es decir los ingresos por la prestación del servicio de energía por parte de los clientes se pasó en 2011 de 92,31% a un 82,94% en 2016”. En este periodo se catapultó el mal manejo.
Un segundo párrafo señala: “El tema de las inversiones ha sido históricamente crítico por cuanto se invirtieron $203.847 millones de pesos en 2011 mientras que en 2015 sólo alcanzó los $131.803 millones de pesos. Situación similar se presentó en 2016 con una inversión del orden de los $131.745 millones de pesos, presentando un rezago en las inversiones que se verán reflejadas en la calidad del servicio”. Claro, al no haber inversión la infraestructura de distribución se vino a pique. Con ella se derrumbó la calidad del servicio, la misma que ha empeorado en los últimos 4 años.
Ante lo que había ocurrido en el pasado no puede afirmarse que levantar los procesos de limitación de suministro de energía se debe a la gestión del equipo de la intervención, No. El Gobierno tenía que resolver esa situación colocando la plata que debía colocar. Todo lo que se ha actuado frente al administrador del mercado de energía mayorista y los generadores, debía hacerse para evitar el apagón eléctrico generalizado en la Región. Los que más han podido en eso son el Presidente Santos, el Ministro de Hacienda y el de Minas y Energía. Más nadie.
Se ha anunciado que en materia de inversiones para el año 2017 la meta es de 264.500 millones de pesos apoyados, pero si no se consiguen los socios estratégicos que se esperan el valor no llegará ni a la mitad de lo presupuestado. El cobro de la cartera sigue de regular a malo, porque apenas se ha podido incrementar el ingreso en solo 1,67% durante el tiempo de intervención. La denominada campaña de recaudo “La Formulita” que va hasta el 31 de julio, parecería que no dará lo que indican los actuales voceros.
Frente a un gran descontento de la comunidad marginada, en los barrios subnormales se quiere imponer una estrategia de cobro que no tiene la socialización adecuada en los siete departamentos de la Costa, con alcaldes y líderes de distintos sectores ciudadanos. El problema central no se resuelve, el servicio es malo, las relaciones con la empresa son estresantes y derivan muchas veces en problemas de orden público.
De relievar si me parece el optimismo del señor Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien no deja de resaltar la importancia de la intervención que debió firmar con anuncios orientados a que en el mes de agosto próximo se entregarán prospectos positivos respecto de lo que será el futuro del servicio de energía eléctrica en la Costa. Por lo que corresponde a la tierra, me gustaría que así fuera. Pero en el plano de las realidades creemos que la ecuación no es tan fácil.
El Gobierno Nacional considera que el contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para que evalúe y defina las posibles alternativas de estructuración e implementación de la solución definitiva para la continuidad en la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe, es la panacea. Mi opinión es que hay mucha tela que cortar y en ocho meses veo prácticamente imposible lograr un nuevo operador como el que se necesita.
¿El nuevo operador provendrá del sector privado nacional o internacional o de las fortalezas que en la materia aún puede conservar el Estado colombiano? Nadie se atreve a asegurar algo concreto.
En esto lo que más nos conviene es la franqueza entre todas las partes. La situación del servicio eléctrico en la Costa Caribe no admite más anuncios fallidos, ni soluciones temporales dentro de las cuales se pagan unos altos sueldos a ejecutivos de supuesto alto nivel que no se reflejan en la satisfacción del cliente final en hogares y empresas. Quiero confiar en que habrá luz al otro lado del túnel, pero sería pertinente que los responsables de las decisiones finales no incurran más en la farsa que tanto daño le hace y le hecho a la Región. No queremos seguir creyendo que el cambio en Electricaribe ha sido más para generar un cortocircuito que empeora el servicio, en lugar de un final feliz para resolver una crisis de tantos años. Por favor escríbame a jname@josename.com
