La noticia del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que suspende la Estampilla Ciudadela Universitaria, es preocupante y poco alentadora considerando los incontables obstáculos que ha superado la Uniatlántico desde su creación.
Resulta imposible para mí pronunciarme sobre la Universidad del Atlántico y la Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria sin recordar a mi padre, José Antonio Name Terán, quien fue el creador de esta iniciativa en el año 1981 mediante la Ley 77, inspirada como tanto repetía él, en la formación de grandes profesionales del Caribe colombiano para el país.
Del fallo del Tribunal que hemos conocido, solo quedará la desfinanciación del presupuesto de la Uniatlántico para la presente vigencia fiscal, lo que la dejará sin recursos para la ejecución de obras de infraestructura que actualmente se encuentran en desarrollo. Con esta suspensión, la universidad dejará de percibir los aportes de recursos por parte de la Estampilla que acumulan un monto superior a los diez mil millones de pesos($10.000.000.000) para el año 2018 y un proyectado de recaudo de dieciocho mil millones de pesos ($18.000.000.000) para el año 2019, lo que afecta gravemente a la institución, que en la actualidad cuenta con más de 24.000 estudiantes, en su gran mayoría jóvenes de estratos 1 y 2 provenientes de los distintos municipios del departamento. Entre las obras que se verían afectadas se destacan la construcción de la sede de la Uniatlántico en Sabanalarga, la dotación del mobiliario del edificio de Puerto Colombia, la obra del nuevo edificio de Bellas Artes, entre otros proyectos que se encuentran en curso.
El espíritu del legislador al crear la estampilla fue el de mejorar la calidad de la educación pública en el departamento con la destinación del 80% del recaudo para la construcción, dotación y sostenimiento de la Ciudadela Universitaria del Atlántico y el 20% restante para financiar los fondos de pensiones de las entidades beneficiarias del gravamen. Fue así que con el capital obtenido por este recaudo se financió la construcción de la Ciudadela Universitaria del Atlántico que conocemos hoy en día, un logro que en su momento todos celebramos.
Infortunadamente en los últimos años la destinación de los dineros provenientes de la Estampilla ha estado lejos de cumplir el objetivo para el que fue creada, llena de múltiples cuestionamientos por el evidente abandono al que ha sido sometida la institución. Y es que resulta inadmisible que obras recientes de la sede norte de la Uniatlántico, presenten un alarmante estado de deterioro por no recibir el mantenimiento adecuado ni la supervisión en las inversiones.
Si bien he solicitado en más de una ocasión a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General investigar el uso y destinación de los dineros por concepto de la estampilla, y he presentado iniciativas legislativas con el fin de adecuar la destinación de estos recursos a las realidades de la Universidad y modificar al administrador de los mismos, con el fin de hacer más eficiente y transparente su ejecución, considero que la decisión de suspender dicha estampilla resulta inconveniente, por decir lo menos.
Durante años la Estampilla ha sido el motor de desarrollo para las grandes obras de infraestructura al interior de la Ciudadela Universitaria, lo que ha permitido el crecimiento en cobertura y calidad para los más de veinticuatro mil estudiantes que actualmente se encuentran en proceso de formación profesional en la institución.
Es necesario recordar que estos recursos son administrados por la “Junta Ciudadela Universitaria” que hoy no es más que una secretaría técnica de la Gobernación Departamental, lo que ha acarreando un gasto de nómina externa a la Institución con dineros, que de manera taxativa la legislación debe destinar exclusivamente a la Ciudadela Universitaria para construcción, dotación y sostenimiento, sin contar que su ejecución por parte de la junta administradora externa, conlleva el pago de impuestos a los cuales la universidad pública, por su naturaleza jurídica, está exenta.
Es así como todos estos hechos aunados al abandono del estado en la financiación de las Instituciones de Educación Superior vienen contribuyendo de manera sistemática a la desfinanciación de la Universidad del Atlántico, lo que se refleja en la cobertura y el desarrollo de las actividades académicas de la institución.
Teniendo en cuenta la situación actual, en la que escasean los recursos procedentes de las arcas del estado y donde aumenta la necesidad de mantener la progresividad en los derechos fundamentales, instrumentos como la Estampilla Pro Universidad se convierten en esenciales para garantizar la estabilidad de la Uniatlántico.
Es así como la medida que ordena la suspensión de los literales a.2, a.3 y a.4 del artículo 132 de la Ordenanza 0253 de 2015, modificada por el artículo 1 de la Ordenanza 331 de 2016, resulta especialmente preocupante para todo el Departamento del Atlántico, pues afecta directamente a la población estudiantil que hoy en día se encuentra luchando por obtener mayores recursos, ya que los actuales son insuficientes.
Por las anteriores razones, y en atención a la situación nacional de la educación superior, presentaré, dentro de la discusión de la Ley de Financiamiento, una proposición para que los valores producidos por el recaudo de las Estampillas destinadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas, sean cobrados en todo el territorio de los Departamentos, sus Distritos y Municipios, y que estos recursos sean administrados por el máximo organismo de dirección y gobierno de cada institución, garantizando así la participación de las Gobernaciones, el Ministerio de Educación, los Estudiantes y Egresados. De igual manera, presentaré una segunda proposición, con el fin de que las ciudades capitales y/o Distritos Especiales aporten 3 SMLMV anuales por cada estudiante de su territorio, debido a que actualmente a pesar de que dos de cada tres estudiantes de las universidades públicas son egresados de Instituciones Educativas de Educación Media en ciudades capitales y Distritos Especiales, estas con excepción de Bogotá no aportan a la sostenibilidad de las universidades ubicadas en su territorio.
Es lamentable que justo en estos momentos en los que el panorama de la educación pública se ha visto empañado por los pocos avances que se han obtenido en las mesas de diálogos entre los Representantes Estudiantiles y el Gobierno Nacional, no se le sume sino que se le reste a la educación pública en el Atlántico.
